El sistema penitenciario mexicano enfrenta una creciente presión por el aumento de personas privadas de la libertad y la insuficiencia de espacios para albergarlas. Al corte de septiembre de 2026, el país registraba 276 mil 873 personas en prisión, mientras que la capacidad de los centros penitenciarios resultaba insuficiente para atender a toda la población, con un déficit aproximado de 45 mil lugares.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), retomadas en el informe Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales, elaborado por Causa en Común en colaboración con Perteneces, 20 de las 32 entidades federativas presentan sobrepoblación en sus sistemas penitenciarios, es decir, mantienen más personas recluidas que espacios disponibles.
La problemática no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. Nayarit encabeza la lista con aproximadamente 257 por ciento de sobrepoblación, seguido del Estado de México, con 125 por ciento; Morelos, con 115 por ciento; Sonora, con 108 por ciento, y Quintana Roo, con 103 por ciento.
También destacan San Luis Potosí y Durango, con niveles cercanos al 98 por ciento de sobrepoblación, de acuerdo con el análisis de las estadísticas penitenciarias correspondientes a septiembre de 2026.
Seis estados concentran casi toda la sobrepoblación
Aunque el problema se extiende a 20 entidades, la mayor cantidad de personas recluidas por encima de la capacidad instalada se concentra en seis estados.
El Estado de México registra el mayor excedente, con 21 mil 553 personas por encima de sus espacios disponibles. Le siguen Sonora, con 8 mil 626; Veracruz, con 4 mil 448; Chiapas, con 3 mil 323; San Luis Potosí, con 3 mil 196, y Nayarit, con 3 mil 16.
En conjunto, estas seis entidades concentran aproximadamente el 97.9 por ciento de la sobrepoblación penitenciaria registrada en el país.
A nivel de centros penitenciarios, también existen casos particularmente críticos. El penal de Huixtla, en Chiapas, presenta una sobreocupación superior al 600 por ciento; el de Bucerías, en Nayarit, supera el 470 por ciento, mientras que el de Jojutla, en Morelos, rebasa el 400 por ciento. En el Estado de México también sobresalen los centros de Zumpango y Chalco, con niveles de saturación superiores al 300 por ciento, según los registros de la SSPC.
La presión sobre las cárceles también se refleja en el número de establecimientos: entre 2015 y 2026, los centros penitenciarios estatales pasaron de 298 a 261, mientras que la población privada de la libertad continuó aumentando.
Más personas en prisión y miles sin sentencia
Otro de los factores que acompaña el crecimiento de la población penitenciaria es la cantidad de personas que permanecen encarceladas sin recibir una sentencia.
En septiembre de 2026, 122 mil 549 personas privadas de la libertad todavía no contaban con una resolución condenatoria, lo que representa el 44.3 por ciento del total nacional. Esto significa que prácticamente cuatro de cada diez personas en prisión permanecían sin sentencia.
El informe de Causa en Común también advierte que al menos una quinta parte de quienes esperan una resolución judicial llevaría dos años o más en esa situación.
Entre los elementos que especialistas y organizaciones han señalado como parte del problema se encuentra el uso de la prisión preventiva, particularmente la oficiosa, que permite mantener en prisión a personas acusadas de determinados delitos mientras continúa su proceso judicial.
A esto se suman los rezagos en la impartición de justicia y las dificultades para resolver los procesos penales, factores que incrementan la presión sobre los centros de reclusión.
El hacinamiento también implica problemas de seguridad y derechos humanos
La sobrepoblación no se limita a la falta de camas o espacios disponibles. También representa dificultades para garantizar condiciones adecuadas de alimentación, higiene, atención médica, acceso al agua, servicios sanitarios y actividades de reinserción social.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó hacinamiento en el 47.5 por ciento de los centros estatales supervisados, además de presencia de actividades ilícitas en el 40.6 por ciento y problemas de autogobierno o cogobierno en 31 establecimientos.
Durante ese año también se registraron 990 incidentes violentos en los centros penitenciarios supervisados, entre ellos 805 riñas, 101 suicidios, 55 homicidios, 11 evasiones o fugas, nueve abusos, seis casos de tortura o maltrato y tres motines.
El diagnóstico advierte que las condiciones de internamiento siguen representando un desafío para las autoridades, particularmente en materia de gobernabilidad, protección de la integridad de las personas y garantía de sus derechos humanos.
La problemática también ha llegado a instancias judiciales. En septiembre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a autoridades del Estado de México implementar medidas estructurales para atender el hacinamiento en el Centro Penitenciario Neza-Bordo Xochiaca, luego de analizar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad.
En este contexto, la sobrepoblación penitenciaria se mantiene como uno de los principales retos del sistema de justicia y seguridad en México: mientras aumenta el número de personas encarceladas, la infraestructura crece a un ritmo considerablemente menor, lo que dificulta garantizar condiciones dignas de internamiento y cumplir con el objetivo de reinserción social.
