El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas detenciones arbitrarias, tortura y otros posibles delitos relacionados con el operativo policial desplegado durante una protesta por la calidad del agua en Guadalajara.
La denuncia fue presentada el 15 de octubre por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), quien solicitó que la Fiscalía federal investigue la actuación de policías estatales, funcionarios del gobierno de Jalisco y directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Entre los posibles delitos señalados también figuran abuso de autoridad, tratos crueles, ejercicio ilícito del servicio público, corrupción y peculado.
La querella se relaciona con los hechos del 11 de octubre, cuando una manifestación que llegó a las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, terminó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Durante el operativo fueron detenidas 39 personas, de acuerdo con los reportes publicados sobre el caso. Manifestantes y organizaciones denunciaron golpes y presuntos malos tratos; los agentes utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua a presión.
Gutiérrez Yáñez pidió esclarecer las detenciones y las presuntas agresiones físicas y psicológicas que habrían sufrido las personas arrestadas. La denuncia también plantea investigar posibles irregularidades relacionadas con el suministro de agua potable, una problemática por la que habitantes de la zona metropolitana se han manifestado durante meses.
Tras las críticas al operativo, Lemus reconoció públicamente que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, y afirmó que los hechos debían investigarse y sancionarse. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre las denuncias de tortura.
En una actualización posterior, medios nacionales reportaron que algunos de los manifestantes detenidos fueron vinculados a proceso por presuntos delitos contra la autoridad y lesiones, aunque continuarían su proceso en libertad. Sus defensores señalaron posibles irregularidades durante el procedimiento. Las acusaciones contra los funcionarios y las denuncias de los manifestantes deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
