El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad, anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina del 13 de octubre, el funcionario explicó que el proyecto se realizará en coordinación con los gobiernos estatales y contempla instalaciones con infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, tecnología para bloquear señales y módulos diferenciados para clasificar a las personas internas según su perfil y nivel de riesgo.
El plan también incluye espacios educativos, capacitación para el trabajo, servicios de salud y áreas deportivas, como parte de un modelo que busca fortalecer la reinserción social. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las nuevas instalaciones serán operadas por autoridades federales o estatales, sin recurrir a empresas privadas.
Sinaloa tendrá el primer centro penitenciario. La decisión se tomó después de los hechos violentos registrados en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 12 personas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita con su madre. El nuevo inmueble tendrá capacidad para 2 mil 640 internos y será financiado con recursos federales.
Harfuch explicó que la sobrepoblación penitenciaria se ha incrementado en el contexto de las detenciones realizadas durante la actual administración. La presidenta indicó que en los seis estados seleccionados se ha registrado un aumento de la población recluida, por lo que se decidió apoyar a sus gobiernos con nueva infraestructura.
Además de la construcción, las autoridades analizan otras medidas para administrar el crecimiento de la población penitenciaria. Entre ellas está la revisión de casos de personas recluidas por delitos menores que pudieran obtener su libertad conforme a la ley.
De acuerdo con la explicación presentada durante la conferencia, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia que incluye reforzar la vigilancia, modernizar las instalaciones y mejorar los controles en los centros penitenciarios. La fecha de conclusión dependerá de la disponibilidad de terrenos y del desarrollo de los proyectos ejecutivos; durante la conferencia se mencionó como referencia el año 2028.
