La presencia de elementos policiales armados durante el Foro Internacional de Seguridad y Justicia, celebrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), abrió una discusión sobre los límites de la seguridad en las instituciones educativas: ¿es necesario que los agentes porten armas de fuego dentro de espacios destinados a la formación académica?
El cuestionamiento surgió luego de que se observara a personal de la Fiscalía General del Estado y otras corporaciones de seguridad con armamento durante el encuentro, pese a que, de acuerdo con el rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo López, existía un acuerdo previo para evitar el ingreso de personas armadas a las instalaciones.
El rector explicó que la universidad no permite armas de fuego y que, aunque durante el evento había algunas piezas de exhibición para mostrar las capacidades del equipo táctico, la Fiscalía y la institución habían establecido que los elementos no ingresarían armados.
“Es imposible que, o sea, nosotros no permitimos que haya armas de fuego. Hay de exhibición algunas, las que yo alcancé a ver, algunas armas que están nada más, pues un poco para exhibir cuál es la potencia del equipo táctico. La Fiscalía y nosotros acordamos que no podría haber gente armada por la seguridad de nuestros chicos”, declaró.
Arredondo López señaló que buscaría hablar con el fiscal general, Manuel Alonso García, para precisar lo ocurrido, pues insistió en que la universidad es un área segura y que no existía una situación que representara una preocupación para los estudiantes.
También aclaró que la actividad contemplaba una exhibición de vehículos y equipo táctico, no un escenario para realizar operaciones comerciales o cerrar acuerdos.
“Es básicamente una exhibición, pues de los vehículos y de los distintos [equipos] para que la gente vea qué es lo que tiene Aguascalientes en cuanto a seguridad. Es básicamente, hicimos un acuerdo, se firman acuerdos y el acuerdo es que no habrá armas de fuego”, sostuvo.
La postura de la Fiscalía: los policías necesitan su equipamiento
Al ser cuestionado sobre la presencia de elementos armados, el fiscal general del estado, Manuel Alonso García, defendió que el foro tenía una finalidad académica y aseguró que la realización de este tipo de actividades en universidades requiere coordinación con las autoridades educativas y respeto a su autonomía.
El funcionario sostuvo que se habían cuidado los protocolos y que el objetivo era acercar a los estudiantes a los retos de la seguridad y la procuración de justicia, particularmente a quienes cursan carreras relacionadas con el derecho penal.
Sin embargo, al preguntarle directamente por qué había elementos armados si existía un acuerdo para evitarlo, defendió que los policías necesitan portar su equipo por seguridad.
“Bueno, el personal siempre utiliza por seguridad su equipo, o sea, no sé por qué le quieren desmeritar la figura a un policía. O sea, si no es un delincuente. El personal necesita su equipamiento, es como si a un médico le quitas su bisturí”, respondió.
Alonso García también pidió que el asunto no se politizara y aseguró que el propósito del encuentro era fortalecer la profesionalización y capacitación de policías, investigadores, jueces y ministerios públicos.
No obstante, sus declaraciones dejan una pregunta pendiente: si la Fiscalía había establecido acuerdos con la universidad, ¿por qué consideró necesario que sus elementos portaran armas dentro del campus?
¿Por qué importa que haya armas en las instituciones educativas?
La discusión no consiste en cuestionar la función de los policías ni en desconocer que las armas forman parte de su equipamiento de trabajo. El punto es determinar si su presencia resulta necesaria en todos los espacios y actividades, independientemente de las condiciones de seguridad y de los acuerdos establecidos.
Las universidades tienen una función que va más allá de impartir conocimientos: son espacios de pensamiento crítico, convivencia, intercambio de ideas y formación ciudadana. Por ello, la presencia de armas de fuego puede generar cuestionamientos sobre el tipo de entorno que se busca construir para estudiantes, docentes y trabajadores.
Esto no significa que las instituciones educativas deban mantenerse alejadas de las autoridades de seguridad. Por el contrario, la colaboración entre universidades, policías, fiscalías y especialistas es necesaria para estudiar los problemas que enfrenta la sociedad.
Pero esa colaboración no requiere necesariamente que los participantes porten armas dentro de los espacios académicos.
Un foro sobre seguridad puede abordar el uso legítimo de la fuerza, el funcionamiento de las corporaciones y los retos de la procuración de justicia sin convertir el armamento en un elemento cotidiano de la convivencia universitaria.
La distinción es importante porque acercar a los estudiantes al conocimiento de las instituciones de seguridad no es lo mismo que normalizar la presencia de armas en sus espacios de formación.
México y los antecedentes de violencia en las escuelas
El debate también debe entenderse dentro de un contexto nacional en el que las instituciones educativas han enfrentado episodios de violencia con armas de fuego.
En enero de 2017, un estudiante del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, disparó contra su profesora y compañeros dentro de un salón de clases. La docente falleció posteriormente a consecuencia de las heridas y el adolescente murió.
Tres años después, en enero de 2020, otro ataque ocurrió en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, donde un alumno de 11 años ingresó con dos armas de fuego y disparó contra su profesora y compañeros. La docente y el menor murieron, mientras que otras personas resultaron heridas.
Estos acontecimientos evidenciaron los riesgos que representa la presencia y el acceso a armas dentro de los planteles, así como la importancia de fortalecer las medidas de prevención.
La legislación mexicana también establece principios que respaldan la construcción de entornos educativos seguros. El artículo 3 constitucional señala que la educación debe basarse en el respeto irrestricto a la dignidad humana y fomentar una cultura de paz.
Por su parte, los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación contemplan medidas para proteger la integridad de los estudiantes y promover una convivencia libre de violencia.
Además, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación cuentan con una guía para la prevención, detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas, que plantea la prevención como una de las principales herramientas para proteger a las comunidades educativas.
Aunque estas disposiciones no establecen una prohibición general para que cualquier elemento policial porte armas en todas las universidades, sí ofrecen un marco para discutir la responsabilidad de las instituciones en la protección de sus comunidades.
Seguridad sin armas, ¿es posible?
El episodio ocurrido en la UAA también permite cuestionar una idea que suele acompañar a las estrategias de seguridad: que una mayor presencia de armamento necesariamente representa mayor protección.
La seguridad no depende exclusivamente de la cantidad de elementos desplegados ni del equipo que portan. También requiere prevención, planeación, evaluación de riesgos y respeto a las características de cada espacio.
Una universidad puede abrir sus puertas a policías, fiscales, peritos y especialistas para discutir los desafíos de la seguridad pública, incluso permitir exhibiciones de equipo táctico bajo condiciones previamente establecidas. Pero eso no significa que deba renunciar a sus propias reglas ni que la presencia de armas tenga que convertirse en una condición para realizar actividades académicas.
De hecho, el contraste resulta significativo: mientras las autoridades educativas buscan construir entornos de paz y prevenir el ingreso de armas a las escuelas, las instituciones de seguridad deben explicar por qué consideran necesario llevarlas a espacios donde no se desarrolla un operativo ni existe, al menos públicamente, una amenaza que justifique su utilización.
El debate tampoco tendría que convertirse en una confrontación entre universidades y corporaciones policiales. Ambas instituciones pueden colaborar sin que eso implique trasladar a los espacios educativos las mismas condiciones de un despliegue operativo.
La pregunta de fondo no es si un policía debe portar un arma para desempeñar su trabajo, sino si todos los espacios necesitan tener armas presentes para considerarse seguros.
En el caso de la UAA, la discusión tiene un punto de partida concreto: existía un acuerdo para evitar el ingreso de personas armadas y el propio rector reconoció que debía revisar lo sucedido con la Fiscalía.
La formación académica en seguridad y justicia debe acercar a los estudiantes al conocimiento de las instituciones, sus herramientas y sus responsabilidades. Pero también debe enseñar que el uso de la fuerza tiene límites, que los protocolos importan y que la seguridad comienza por respetar los derechos de las personas.
Porque una universidad no necesita parecer un espacio de despliegue policial para demostrar que se interesa por la seguridad. Necesita garantizar que sus estudiantes puedan aprender, debatir y cuestionar precisamente cómo construir una sociedad menos violenta.
