Un juez mexicano fue detenido en Colombia por presuntamente recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con una de las organizaciones internacionales de tráfico de cocaína más importantes de los últimos años.
Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y ahora enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema para ayudar a un integrante de una organización criminal a evadir la justicia.
El Departamento de Justicia estadounidense informó que Benítez Alcántara fue detenido el domingo 1 de noviembre en Colombia. Tras su captura, las autoridades de ese país colaborarán con Washington en el proceso para que sea extraditado a Estados Unidos, donde se le pretende juzgar.
De acuerdo con la acusación presentada ante una corte federal de California, el juez habría utilizado su posición para favorecer a Andrew Clark, un ciudadano canadiense de 36 años, identificado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense señalado por dirigir una red transnacional de tráfico de cocaína.
El soborno que habría permitido liberar a un narcotraficante
La investigación estadounidense sostiene que Clark fue detenido en México en octubre de 2024, debido a acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio en Estados Unidos.
En ese momento, Benítez Alcántara estaba a cargo del procedimiento judicial relacionado con su extradición. En noviembre de 2024, el gobierno estadounidense presentó formalmente la solicitud para que el canadiense fuera enviado a ese país y enfrentara los cargos en su contra.
Sin embargo, de acuerdo con los fiscales, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark habría realizado transferencias por aproximadamente 2.75 millones de dólares, mediante intermediarios y en cantidades fraccionadas, con el objetivo de conseguir su liberación.
De ese monto, presuntamente se acordó entregar alrededor de 2 millones de dólares al juez a cambio de que concediera la libertad bajo fianza y ordenara la excarcelación del canadiense.
La acusación señala que el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez Alcántara recibió la totalidad del supuesto soborno, emitió la resolución que permitió la liberación de Clark.
No obstante, el canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde su proceso penal continúa pendiente.
¿Quién es Ryan Wedding y qué tiene que ver con el caso?
El nombre de Ryan James Wedding es clave para entender la dimensión de esta investigación.
Wedding, de 44 años, fue deportista olímpico de Canadá en la disciplina de snowboard, pero posteriormente fue señalado por las autoridades estadounidenses como líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.
Según las investigaciones, su estructura operaba con conexiones en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, y utilizaba rutas que comenzaban en Sudamérica, atravesaban territorio mexicano y llegaban a Estados Unidos para posteriormente distribuir la droga, principalmente en el mercado canadiense.
Las autoridades estadounidenses lo han relacionado con operaciones de tráfico de grandes cantidades de cocaína, además de acusaciones por homicidio e intento de homicidio.
Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia mientras enfrenta los procesos penales correspondientes.
Andrew Clark, cuya liberación habría sido facilitada por el juez mexicano, es señalado como uno de los principales colaboradores de Wedding dentro de esta estructura.
¿Qué cargos enfrenta el juez mexicano?
El Departamento de Justicia informó que Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales por complicidad posterior a un delito (accessory after the fact), una figura que contempla ayudar a una persona que cometió un delito para obstaculizar o impedir su detención, juicio o castigo.
Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos.
Por ahora, Estados Unidos solicitará formalmente su extradición desde Colombia para que responda ante los tribunales de ese país.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso forma parte de las investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales y los funcionarios que presuntamente utilizan sus cargos públicos para favorecerlas.
