La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la detención de 10 servidores públicos presuntamente involucrados en actos de tortura cometidos contra dos hombres durante un operativo realizado en Tuxtla Gutiérrez, caso que generó indignación nacional tras difundirse videos en redes sociales.
Entre los detenidos se encuentran policías estatales, agentes ministeriales y funcionarios de la Fiscalía estatal, quienes aparecen presuntamente participando o permitiendo agresiones físicas y actos de asfixia contra personas detenidas.
De acuerdo con las autoridades, los arrestados son:
- Un subdirector de corporación
- Tres agentes del Ministerio Público
- Un secretario ministerial
- Cinco policías estatales
La Fiscalía informó que todos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados.
El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, condenó públicamente los hechos y aseguró que no habrá protección para ningún servidor público involucrado en delitos.
“Queremos mandar un mensaje claro y contundente de que no habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que cometa algún servidor público”, declaró. (infobae.com)
Los videos difundidos muestran a dos hombres sometidos mientras son golpeados, amenazados y asfixiados presuntamente por elementos de seguridad. El material provocó fuertes críticas contra las corporaciones policiacas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en operativos estatales.
Según las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, durante un operativo relacionado con el robo de vehículos. Sin embargo, el caso se hizo público hasta esta semana tras la filtración de los videos.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, también se pronunció sobre el caso y pidió una investigación completa.
“Nadie puede estar por encima de la ley”, señaló el mandatario estatal. (elpais.com)
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que el caso refleja problemas estructurales dentro de corporaciones policiacas y fiscalías estatales, donde continúan denunciándose abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
El caso también volvió a encender el debate nacional sobre la tortura en México y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control dentro de las instituciones de seguridad.
