La reactivación de la Operación Enjambre ocurre en medio de uno de los momentos más delicados para el gobierno federal en materia de seguridad y presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado, especialmente tras las recientes acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos ligados al narcotráfico.
Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó nuevas detenciones de funcionarios municipales en Morelos como parte de la estrategia federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.
Entre los detenidos se encuentran Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla, además de integrantes de la estructura municipal de Cuautla. Según las investigaciones federales, existirían vínculos con redes de extorsión y corrupción relacionadas con un presunto operador criminal identificado como “El Barbas”.
La Operación Enjambre fue presentada originalmente en noviembre de 2024 como parte de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción institucional y los nexos entre autoridades y grupos criminales.
De acuerdo con datos dados a conocer por Harfuch en febrero de este año, la operación ya había derivado en la detención de alrededor de 60 servidores públicos, incluyendo presidentes municipales, mandos policiacos y funcionarios de distintos niveles de gobierno.
“Han sido alrededor de 60 servidores públicos los que han sido detenidos en el operativo Enjambre”, declaró entonces el titular de la SSPC durante una conferencia oficial.
Sin embargo, el nuevo impulso de la operación ocurre en un contexto especialmente sensible para el gobierno mexicano, luego de que autoridades estadounidenses intensificaran señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales, particularmente en Sinaloa.
En semanas recientes, el nombre del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, apareció en medio de investigaciones y presiones políticas derivadas de acusaciones lanzadas desde Estados Unidos sobre posibles nexos entre funcionarios sinaloenses y grupos del narcotráfico.
El caso escaló todavía más tras el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con personas cercanas al entorno político de Rocha Moya y la entrega voluntaria a autoridades estadounidenses de dos de sus excolaboradores: el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Aunque hasta ahora no existe una acusación formal pública contra Rocha Moya en México, el tema ha incrementado la presión política sobre el gobierno federal y abrió un debate sobre el alcance real de la llamada “narcopolítica”.
En ese contexto, distintos analistas consideran que la aceleración de detenciones y operativos podría interpretarse también como un intento del gobierno mexicano de demostrar acciones concretas contra funcionarios presuntamente vinculados al crimen organizado.
La presidenta Sheinbaum ha rechazado públicamente cualquier subordinación a Estados Unidos y sostuvo recientemente que México actúa con base en investigaciones propias y bajo principios de soberanía nacional.
Por su parte, Harfuch declaró la semana pasada que durante los operativos federales realizados en Sinaloa “no se detectó alguna conducta ilícita” atribuible a Rocha Moya.
Aun así, especialistas consideran que la Operación Enjambre refleja un cambio importante en la estrategia federal: pasar de perseguir únicamente a líderes criminales a investigar también estructuras políticas y de gobierno presuntamente infiltradas por el crimen organizado.
El diario español El País advirtió recientemente que la operación expuso “la captación del Estado a nivel municipal y estatal” por parte de organizaciones criminales, particularmente en regiones donde los grupos delictivos controlan actividades económicas, policías y gobiernos locales.
La gran incógnita ahora es hasta dónde llegará realmente la Operación Enjambre y si las investigaciones terminarán alcanzando a figuras políticas de mayor nivel.
