La Fiscalía General de la República reveló nuevos detalles sobre la presunta operación de una red de “huachicol fiscal” en aduanas del país, señalando que los hermanos Farías Laguna habrían contado con protección institucional derivada de su parentesco con el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión presentada contra 15 personas —entre empresarios, apoderados y agentes aduanales—, la Fiscalía sostiene que esta red operaba mediante esquemas de corrupción para facilitar el contrabando de hidrocarburos, con apoyo de funcionarios que presuntamente permitían el ingreso ilegal de combustible al país. Aunque el exsecretario de Marina es mencionado dentro de la narrativa de la investigación, no figura como imputado en la carpeta.
Uno de los elementos más delicados del caso es el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. Según la Fiscalía, este crimen habría tenido como objetivo silenciar una denuncia que el propio mando naval preparaba sobre las actividades de los Farías Laguna y la presunta estructura de protección institucional que los respaldaba.
La FGR señala que, antes de su asesinato, el contralmirante compartió información detallada sobre sus movimientos y periodo vacacional con personal de la Marina, lo que habría facilitado su localización. Para las autoridades, este hecho evidencia una posible filtración interna que permitió ejecutar el ataque y evitar que la red fuera expuesta públicamente.
En este contexto, la Fiscalía advierte que la organización contaba con una amplia capacidad de corrupción y violencia, utilizando amenazas, coacción e incluso asesinatos para mantener el control de sus operaciones. El documento también refiere que integrantes de esta red entregaban sobornos millonarios a servidores públicos, lo que les permitía operar sin enfrentar consecuencias legales durante largos periodos.
Pese a la gravedad de los señalamientos, el proceso judicial enfrenta complicaciones. La solicitud de órdenes de aprehensión fue devuelta por una jueza federal debido a deficiencias técnicas, lo que obliga a la Fiscalía a reforzar su investigación. Mientras tanto, el caso continúa generando cuestionamientos sobre posibles redes de protección dentro de instituciones de seguridad y el alcance real del combate al contrabando de combustibles en México.
