El jefe de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, advirtió ante el Senado de Estados Unidos que la reciente acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa apenas el inicio de una serie de acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Durante una audiencia legislativa, el senador John Kennedy cuestionó directamente el alcance de las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses, en particular la acusación presentada contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. En respuesta, Cole afirmó que existen indicios de que la colaboración entre actores políticos y organizaciones criminales ha persistido durante años, pero que ahora estas relaciones están comenzando a ser investigadas con mayor rigor.
El titular de la DEA fue contundente al señalar que los funcionarios que colaboran con cárteles son “igual de responsables” de las consecuencias del narcotráfico, incluyendo la muerte de miles de personas en Estados Unidos por el consumo de drogas. En ese sentido, subrayó que estas redes no solo operan desde el crimen organizado, sino que también se sostienen mediante estructuras de protección política.
Asimismo, el funcionario adelantó que el caso Rocha Moya podría ser el primero de varios procesos judiciales impulsados desde Estados Unidos contra figuras públicas mexicanas. “Esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, declaró, dejando entrever una posible ampliación de investigaciones y acusaciones en el corto y mediano plazo.
Por su parte, el senador Kennedy también lanzó críticas hacia gobiernos mexicanos anteriores, al señalar que ciertas estrategias de seguridad habrían reflejado una postura de tolerancia frente a los cárteles. Estas declaraciones se suman al contexto de creciente presión por parte de autoridades estadounidenses para reforzar el combate al narcotráfico desde una perspectiva binacional.
La acusación presentada el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia y la DEA contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios representa un hecho sin precedentes, al tratarse del primer caso en el que un gobernador mexicano en funciones es señalado formalmente en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
