Tribunales federales de Estados Unidos han declarado ilegales cerca del 90% de las detenciones migratorias revisadas relacionadas con políticas recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en uno de los mayores reveses judiciales para la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato.
De acuerdo con análisis publicados por medios estadounidenses y revisiones judiciales, jueces federales han emitido más de 10 mil resoluciones adversas contra prácticas de detención implementadas por ICE desde mediados de 2025. Las cortes han cuestionado principalmente arrestos sin audiencia de fianza, detenciones indefinidas y traslados de migrantes entre estados para dificultar su defensa legal.
Una investigación de Reuters reveló previamente que, tan solo entre octubre de 2025 y febrero de 2026, tribunales estadounidenses determinaron en más de 4 mil 400 ocasiones que personas migrantes habían sido encarceladas ilegalmente por ICE.
Según los reportes, las políticas cuestionadas derivan de una reinterpretación impulsada por la administración Trump sobre leyes migratorias de 1996, utilizada para justificar la detención obligatoria y sin derecho a fianza de miles de migrantes mientras enfrentan procesos de deportación.
Los jueces federales han criticado especialmente:
- Arrestos en cortes migratorias
- Detenciones de personas con solicitudes de asilo activas
- Traslados repentinos a centros de detención en Texas y Louisiana
- Incumplimiento de órdenes judiciales de liberación
- Retención prolongada sin audiencia
Incluso jueces designados por gobiernos republicanos han emitido resoluciones contra ICE. El juez federal Joseph Goodwin calificó algunas acciones como violaciones constitucionales, mientras otros magistrados advirtieron que las prácticas migratorias actuales están llevando al sistema judicial al límite.
En Minnesota, el juez Patrick Schiltz amenazó incluso con declarar en desacato a funcionarios de ICE tras detectar múltiples incumplimientos de órdenes judiciales relacionadas con liberaciones y audiencias migratorias.
Pese a los fallos, el gobierno estadounidense ha mantenido la defensa de su política migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que las detenciones están respaldadas por la ley y acusa a sectores judiciales de obstaculizar las acciones contra inmigración irregular.
La administración Trump también obtuvo recientemente un respaldo parcial en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que avaló algunas detenciones sin audiencia de fianza en Texas, Louisiana y Mississippi, aumentando la posibilidad de que el tema llegue a la Suprema Corte estadounidense.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados migratorios aseguran que muchas personas están aceptando deportaciones “voluntarias” debido al temor de permanecer detenidas indefinidamente.
