El Gobierno de México inició una ofensiva legal en Estados Unidos al presentar denuncias penales ante fiscalías estatales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La medida representa una de las acciones jurídicas más contundentes emprendidas por México en defensa de sus connacionales en territorio estadounidense.
Las denuncias comenzaron a presentarse el 14 de julio y buscan que las autoridades estadounidenses investiguen posibles responsabilidades penales derivadas de las muertes, ocurridas entre 2025 y 2026.
La decisión del Gobierno mexicano cobró fuerza tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que falleció durante un operativo del ICE en Houston, Texas. Su caso se sumó a otros registrados bajo custodia migratoria y llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a ordenar una respuesta jurídica más amplia.
“No podemos permanecer callados ante la muerte de nuestros connacionales“, señaló la mandataria al respaldar las acciones emprendidas por la Cancillería.
La estrategia mexicana contempla varias vías legales. Además de las denuncias ante fiscalías estadounidenses, la SRE prepara demandas civiles contra empresas privadas que administran algunos centros de detención del ICE, al considerar que podrían existir actos de negligencia médica, omisiones o violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas.
Asimismo, el Gobierno mexicano solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de que se investiguen los hechos en el ámbito internacional.
Las acciones legales ocurren en medio del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.
De acuerdo con información presentada por la Cancillería, al menos 17 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios recientes. Paralelamente, organizaciones civiles y medios estadounidenses han documentado un incremento en las denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza, deficiencias médicas y condiciones de detención.
Incluso, ante la controversia por varios casos recientes, el ICE anunció la suspensión temporal de ciertas detenciones vehiculares, mientras continúan las investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de sus agentes.
