La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desbloqueó parcialmente dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, para que pueda recibir los depósitos correspondientes a tres pensiones.
La dependencia informó el viernes 13 de noviembre que la medida se realizó en cumplimiento de una resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que concedió una suspensión provisional al exmandatario.
De acuerdo con la resolución, Rocha Moya podrá disponer únicamente de los recursos provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
En concreto, se trata de una pensión por viudez del ISSSTE, otra por cesantía en edad avanzada del IMSS y una jubilación de la UAS. Los recursos se depositan en dos cuentas bancarias que permanecían inmovilizadas desde mayo de 2026.
No significa que todas sus cuentas estén desbloqueadas
La Secretaría de Hacienda aclaró que la resolución judicial no representa la liberación total de los recursos financieros de Rocha Moya. Los fondos distintos a los señalados en la determinación, así como cualquier otra operación bancaria, permanecen sujetos a las restricciones correspondientes.
Además, el desbloqueo parcial no implica que el exgobernador haya sido retirado de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF. La medida únicamente le permite disponer de los ingresos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.
Según información publicada por Semanario ZETA, la UIF notificó a las instituciones financieras el levantamiento del bloqueo de esas dos cuentas desde el 5 de noviembre, mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026.
¿Por qué estaban bloqueadas sus cuentas?
Las cuentas de Rocha Moya fueron inmovilizadas en mayo pasado, después de que la UIF lo incorporara a la Lista de Personas Bloqueadas, en medio de las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el entonces gobernador y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
En abril de 2026, autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, y lo acusaron de colaborar con esa organización criminal. El exmandatario ha rechazado los señalamientos.
Tras la publicación de las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura. Posteriormente, promovió un procedimiento legal para impugnar las restricciones financieras impuestas por la UIF.
La resolución del tribunal permite que recupere el acceso a los ingresos de sus pensiones mientras continúa el procedimiento judicial, pero no resuelve las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos ni las investigaciones relacionadas con el caso.
