El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica trasladó este lunes a 123 personas privadas de libertad al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), en una operación que marca el inicio de una nueva etapa en la seguridad penitenciaria del país. El complejo fue diseñado para reforzar los controles dentro del sistema carcelario y atender a personas vinculadas con delitos de alto impacto.
Entre los primeros tres reclusos que ingresaron al centro se encuentran los sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante. De acuerdo con la información difundida, su traslado se realizó por instrucción de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.
El CACCO cuenta con sistemas de videovigilancia las 24 horas, monitoreo permanente y controles de seguridad destinados a supervisar los movimientos de la población penitenciaria y prevenir incidentes dentro de las instalaciones.
La nueva cárcel tiene capacidad para albergar a 5 mil 100 personas privadas de libertad, distribuidas en cinco módulos. Su infraestructura busca fortalecer la vigilancia y mejorar la gestión de la población penitenciaria, particularmente en los casos que requieren medidas de contención más estrictas.
De acuerdo con las proyecciones institucionales, la puesta en funcionamiento del complejo permitiría reducir la sobrepoblación carcelaria en Costa Rica del 59 por ciento actual al 15 por ciento. La disminución dependerá de la operación del centro y de cómo se redistribuya a las personas recluidas en el sistema penitenciario.
Con el traslado inicial, las autoridades costarricenses comienzan la ocupación del CACCO, cuyo funcionamiento pretende contribuir al control penitenciario y a la reducción del hacinamiento. Las cifras de capacidad y de sobrepoblación corresponden a las estimaciones difundidas por las instituciones responsables.
