El paro nacional de transportistas de este lunes puso nuevamente sobre la mesa la inseguridad que enfrentan los operadores de carga en México. Aunque el Gobierno federal reporta una disminución en las denuncias por robo al autotransporte, las organizaciones del sector mantienen sus exigencias por asaltos, extorsiones, cobro de piso y agresiones contra conductores. La protesta también exhibe el conflicto entre los resultados que presentan las autoridades y la percepción de riesgo de quienes recorren diariamente las carreteras.

Un paro que alcanzó a buena parte del país

(Corte de la Secretaría de Gobernación a las 9:30 horas del 26 de octubre de 2026; también reportó 858 participantes)

La movilización fue convocada por organizaciones del autotransporte de carga, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), HAMOTAC e INDECO. Sus demandas incluyen seguridad carretera, atención a las extorsiones, mejores condiciones de infraestructura y cambios en disposiciones fiscales que, sostienen, presionan sus operaciones.

Los reportes de la mañana identificaron a Veracruz como la entidad con más puntos de manifestación, con ocho; le siguieron el Estado de México, con seis, y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada uno. Hasta ese corte, las autoridades informaron de un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, y cierres parciales en puntos de Tlaxcala y Veracruz. Es decir, la presencia nacional de las protestas no significó que todas las carreteras estuvieran completamente cerradas.

En Jalisco también se reportaron concentraciones en la Venta del Astillero, la caseta de Acatlán, la carretera a Chapala en dirección al aeropuerto de Guadalajara y la carretera a Zapotlanejo. Los participantes denunciaron inseguridad y presuntas extorsiones, incluso por parte de elementos de corporaciones de seguridad.

La afectación, por tanto, no se mide únicamente por los cierres. Las movilizaciones en accesos urbanos y corredores logísticos pueden retrasar el tránsito de mercancías, incluso cuando los vehículos de protesta no bloquean por completo una vía.

¿Qué tan inseguras son las carreteras? Esto dicen los datos

La protesta se produce en un escenario que presenta dos lecturas: las estadísticas oficiales muestran una disminución de las denuncias por robo a transportistas, pero el delito continúa registrándose y las organizaciones mantienen sus reclamos por la violencia y las extorsiones.

El dato permite dimensionar el problema, pero también exige una precisión: se trata de denuncias registradas, no necesariamente de la totalidad de los delitos cometidos. Los casos que no llegan a las autoridades quedan fuera de esta medición, por lo que no debe interpretarse como un recuento exhaustivo de todos los asaltos.

La reducción tampoco significa que los riesgos hayan desaparecido, pues en agosto, la Guardia Nacional reportó que las denuncias por robo al autotransporte habían pasado de 3 mil 126 durante el primer semestre de 2025 a 2 mil 519 en el mismo periodo de 2026, una caída de 19.4%. La corporación atribuyó la tendencia a sus estrategias de vigilancia y prevención en carreteras.

En otras palabras, las cifras disponibles sí muestran una reducción en los registros del delito. Lo que no permiten establecer, por sí solas, es si las condiciones de seguridad ya son suficientes para los operadores, ni si las extorsiones y agresiones denunciadas por el sector han disminuido en la misma proporción.

¿Qué pasa en los corredores de carga?

Las rutas México-Querétaro y México-Puebla, además del corredor Mazatlán-Culiacán, forman parte de los tramos en los que las autoridades han concentrado estrategias específicas contra el robo al transporte.

La Guardia Nacional informó en agosto que, bajo el plan Cero Robos al Transporte, se habían registrado 72 robos en el tramo México-Querétaro y 54 en México-Puebla durante el periodo reportado, con reducciones de 85.71% y 90%, respectivamente, según sus datos. Para el corredor Mazatlán-Culiacán, la corporación también comunicó una disminución reciente de la incidencia.

Estos resultados deben leerse con cuidado: corresponden a corredores y periodos específicos, y no representan automáticamente el comportamiento de todas las carreteras del país.

Además, una reducción nacional puede coexistir con episodios recurrentes de violencia en rutas concretas. Para los operadores, la seguridad no depende solamente del promedio estadístico, sino de poder completar cada trayecto sin ser asaltados, extorsionados o agredidos.

Los transportistas: “México no aguanta más”

Para entender por qué el sector salió a protestar pese a la reducción de las denuncias, hay que mirar las exigencias de sus representantes.

Augusto Ramos Melo, presidente de la CANACAR, afirmó antes de la movilización: “México no aguanta más. Vamos a un paro nacional”. El dirigente señaló que la actividad enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación y una reducción de estímulos fiscales.

Además, los representantes del sector cuestionan el deterioro de las autopistas, el costo de los servicios de grúas y los cambios fiscales que consideran perjudiciales para las empresas.

En el caso de la Ley de Ingresos para 2027, la CANACAR expresó su inconformidad con una modificación que, según reportó El Financiero, reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite para acceder a un beneficio fiscal relacionado con el acreditamiento de gastos en casetas contra el ISR.

En Jalisco, el delegado de la CANACAR, Daniel Flores Sahagún, sostuvo que ya no basta con exponer los problemas y que se necesitan soluciones. También pidió fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir los robos, las extorsiones y las detenciones que calificó como injustificadas.

Un problema que también repercute en la economía

El conflicto no termina en las pérdidas que puede sufrir una empresa cuando le roban un camión o su mercancía. El autotransporte conecta a productores, centros industriales, comercios y consumidores; por ello, una interrupción prolongada puede retrasar entregas y elevar los costos de distribución.

Antes del paro, la CANACAR y las organizaciones que respaldaron la movilización advirtieron sobre posibles afectaciones por 21 mil 500 millones de pesos al día, así como sobre 21 mil cruces fronterizos y 2.6 millones de toneladas de mercancías. Sin embargo, son estimaciones difundidas por el sector sobre la dimensión de la actividad expuesta a una interrupción, no pérdidas económicas ya comprobadas como consecuencia de la jornada de este lunes.

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), por su parte, llamó a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones al traslado de personas y mercancías. El organismo advirtió que las interrupciones podrían repercutir en sectores que requieren entregas oportunas, como el alimentario y el farmacéutico.

¿Qué responde el Gobierno y qué tan dividido está el sector?

La Secretaría de Gobernación informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas y planteó atender sus demandas mediante las instancias competentes, con el objetivo de alcanzar acuerdos y evitar mayores afectaciones.

Pero las organizaciones del autotransporte no llegaron a esta jornada con una postura unificada.

Este lunes, mientras se realizaban las movilizaciones, representantes de la CONCAMIN, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), entre otros organismos, participaron en una reunión con autoridades federales y manifestaron su desacuerdo con el paro convocado por la CANACAR, de acuerdo con información de El Informador.

Antes de la movilización, la CONCAMIN reconoció que las preocupaciones del sector merecen respuestas concretas, pero defendió la negociación y la continuidad de los servicios de transporte.

El desacuerdo, por tanto, está también en la estrategia para exigir soluciones: unas organizaciones optaron por detener actividades y movilizar unidades; otras apostaron por mantener las operaciones y negociar directamente con el Gobierno.