Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales dejó como resultado la detención de cuatro personas en Zacatecas, entre ellas dos directores de Seguridad Pública Municipal, señalados por su presunta relación con distintos delitos. De acuerdo con las autoridades, tres de los detenidos eran considerados objetivos prioritarios en materia de seguridad.
La primera intervención se realizó mediante una orden de cateo en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, donde fueron detenidos Cecilia “N” y José Miguel “N”, este último identificado como director de Seguridad Pública de Momax. Según la investigación, el funcionario contaba con una orden judicial por su probable participación en el delito de facilitación delictiva.
Durante esta acción, los elementos de seguridad aseguraron una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y sustancias con características de narcótico, que quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
En una segunda intervención, realizada mediante dos operaciones simultáneas en el municipio de Río Grande, fue cumplimentada una orden de aprehensión contra José Alonso “N”, director de Seguridad Pública de esa localidad. Posteriormente, mediante la ejecución de una orden de cateo, también fue detenido Raúl “N”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, José Alonso “N” y Raúl “N” son investigados por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, presuntamente cometidos contra productores del sector ganadero.
En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones de seguridad y procuración de justicia de Zacatecas.
La Fiscalía estatal señaló que estas detenciones forman parte de los esfuerzos coordinados para combatir la delincuencia y la impunidad en la entidad. Las investigaciones continuarán para determinar la posible responsabilidad de cada detenido, mientras las autoridades judiciales resuelven su situación jurídica conforme a la ley.
