Los más de 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato, todavía no han sido determinados como huachicol fiscal, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) citadas por La Jornada. La investigación continúa para establecer el origen, propiedad, manejo y destino del hidrocarburo.
El aseguramiento fue anunciado el 17 de septiembre y la FGR informó que encontró 33.5 millones de litros de gasolina Regular, 7.2 millones de Premium y 18.2 millones de litros de diésel, almacenados en 10 contenedores de gran capacidad en un inmueble de San José Iturbide.
La investigación comenzó el 3 de julio, luego de que una persona fuera detenida mientras presuntamente descargaba 33 mil litros de diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz. El conductor no pudo acreditar la trazabilidad del combustible, lo que llevó a las autoridades a realizar diversas diligencias hasta llegar a la terminal de San José Iturbide.
Tras el operativo, Grupo SIMSA, propietario de Gas Natural del Noroeste, sostuvo que la terminal cuenta con permisos para almacenar hidrocarburos y que el combustible pertenece a empresas usuarias. La compañía también afirmó haber entregado a la Fiscalía la documentación relacionada con la procedencia y legalidad del producto.
La FGR, sin embargo, señaló que no había recibido de todas las empresas involucradas documentación suficiente para acreditar de manera completa la licitud del origen, manejo y destino del combustible, por lo que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación.
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la investigación sigue abierta. Explicó que consultó a la fiscal general, Ernestina Godoy, quien le informó que todavía se revisan los permisos relacionados con el combustible.
Así, aunque inicialmente el aseguramiento fue presentado como un golpe contra el huachicol, la FGR aún no establece de manera definitiva que los 59 millones de litros sean de procedencia ilegal ni que correspondan a un esquema de huachicol fiscal. La Fiscalía deberá concluir el análisis documental y la trazabilidad del hidrocarburo para determinar si existieron delitos.
