El gobierno de Estados Unidos analiza destinar hasta 20 millones de dólares para equipar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con guantes capaces de emitir descargas eléctricas mediante contacto directo, una propuesta que ya genera preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
De acuerdo con la información difundida, los dispositivos podrían generar descargas de hasta 380 voltios y estarían diseñados para provocar una inhibición temporal del movimiento muscular de una persona durante los operativos de detención.
La posible incorporación de esta tecnología ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y de un mayor despliegue de agentes para realizar detenciones. Ante este escenario, distintos colectivos han cuestionado que herramientas capaces de producir descargas eléctricas puedan utilizarse contra personas migrantes, particularmente durante procedimientos en los que ya existe una situación de vulnerabilidad.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el uso de estos dispositivos podría incrementar los niveles de fuerza empleados durante las detenciones y abrir la puerta a posibles abusos. También han planteado dudas sobre los criterios que determinarían cuándo estaría justificado utilizar una descarga eléctrica contra una persona.
La propuesta todavía se encuentra en evaluación, por lo que no significa que los guantes hayan sido aprobados para su utilización generalizada por parte del ICE. Sin embargo, la posibilidad de incorporarlos a los equipos de los agentes ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza en los operativos migratorios estadounidenses.
De acuerdo con la información difundida, los dispositivos podrían generar descargas de hasta 380 voltios y estarían diseñados para provocar una inhibición temporal del movimiento muscular de una persona durante los operativos de detención.
Mientras continúa el análisis de la iniciativa, la discusión se centra en determinar hasta dónde pueden llegar las herramientas utilizadas por las autoridades durante una detención y qué mecanismos de supervisión deberían existir para evitar abusos, especialmente cuando se trata de personas migrantes que enfrentan procesos de detención o deportación.
