Capturan a cinco elementos de la Guardia Nacional por presunto secuestro y extorsión

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Cinco elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés y extorsión contra pasajeros que arribaban al Aeropuerto Internacional Abraham González. Los agentes enfrentarán audiencias en las que un juez federal determinará si son vinculados a proceso.

Los detenidos fueron identificados como Fernando P. R., Horacio de la C. S., Alfredo G. C., Jonathan de Jesús O. V. y el sargento primero Jesús Gerardo R. A., quienes se encontraban asignados a labores de seguridad en la terminal aérea.

Dos casos en menos de 48 horas

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el primer hecho ocurrió el 2 de julio, cuando cuatro de los elementos habrían retenido durante más de 20 minutos a un pasajero procedente de la Ciudad de México.

Según la carpeta de investigación, los agentes le retiraron su teléfono celular, llamaron a sus familiares y exigieron 15 mil pesos para permitirle salir del aeropuerto. El dinero presuntamente fue transferido a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los guardias nacionales.

Un día después, el 3 de julio, otro pasajero, procedente de Tapachula, Chiapas, denunció que el elemento Jonathan de Jesús O. V. le pidió 3 mil pesos para permitirle abordar un taxi y abandonar la terminal. El hecho fue detectado por el administrador del aeropuerto, quien dio aviso a las autoridades.

Audiencias y reacción de la Guardia Nacional

Los cinco elementos enfrentarán audiencias de vinculación a proceso durante los días 7 y 8 de julio, donde un juez federal determinará su situación jurídica. La FGR mantiene abiertas las investigaciones bajo dos causas penales distintas.

Tras conocerse las detenciones, la Guardia Nacional implementó un operativo de supervisión en el Aeropuerto Internacional Abraham González. El coordinador estatal en Chihuahua, Israel Caro Rodríguez, aseguró que la corporación mantiene una política de “cero tolerancia” frente a actos de corrupción o conductas delictivas cometidas por su personal.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas o posibles responsabilidades adicionales relacionadas con estos hechos.

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