Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fueron señalados en un reportaje de Los Angeles Times y Puente News como parte de investigaciones desarrolladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la publicación, ambos mandatarios habrían sido objeto de pesquisas federales estadounidenses y sus visas habrían sido revocadas de manera discreta mientras continúan las investigaciones. El reportaje sostiene que las indagatorias estarían relacionadas con presuntos nexos con organizaciones criminales y, en el caso de Villarreal, también con actividades vinculadas al tráfico de combustibles o huachicol.
Según la información difundida, Durazo sería uno de los funcionarios de más alto perfil bajo revisión por parte de autoridades estadounidenses. El gobernador sonorense fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador antes de asumir la gubernatura de Sonora.
Tras la publicación, el gobierno de Sonora rechazó los señalamientos y calificó la información como falsa. El propio Durazo minimizó el reporte y aseguró que se trata de versiones sin sustento documental.
Por su parte, el gobierno de Tamaulipas también negó de manera categórica las acusaciones. Voceros de la administración estatal afirmaron que no existe evidencia pública, expediente judicial o resolución oficial que respalde las versiones difundidas.
El caso adquiere relevancia porque ocurre en medio de una creciente presión de Washington sobre funcionarios mexicanos. Durante los últimos meses han surgido reportes sobre cancelaciones de visas, investigaciones financieras y revisiones de inteligencia relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
La publicación también aparece pocos días después de la comparecencia ante la Fiscalía General de la República del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de versiones sobre una lista de funcionarios mexicanos bajo observación de agencias estadounidenses.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni otras agencias federales de Estados Unidos han emitido una confirmación oficial sobre las investigaciones mencionadas en el reportaje. Tampoco se han presentado cargos judiciales públicos contra los gobernadores señalados.
