La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como las de otras personas señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la medida no deriva de una investigación directa de la UIF, sino de mecanismos preventivos activados por el sistema financiero mexicano tras las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Fue una medida preventiva”, señaló la mandataria al explicar que los bancos mexicanos emitieron alertas debido a los señalamientos públicos realizados desde Washington.
La UIF informó posteriormente que las cuentas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como parte de “medidas preventivas de inmovilización” dirigidas a Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa.
Según el organismo, la decisión se tomó después de que instituciones financieras mexicanas emitieran reportes relacionados con los señalamientos estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.
La presidenta insistió en que el congelamiento no representa una sentencia ni una acreditación de culpabilidad, sino una acción administrativa destinada a proteger la integridad del sistema financiero mexicano ante posibles riesgos internacionales.
El caso ocurre en medio de una fuerte presión diplomática entre México y Estados Unidos luego de que fiscales estadounidenses acusaran formalmente a Rocha Moya y otros funcionarios de presunta conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
En días recientes también se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses dos excolaboradores cercanos al gobernador sinaloense: el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Aunque Sheinbaum reiteró que su gobierno no protegerá a ningún delincuente, también cuestionó la falta de pruebas públicas por parte de Estados Unidos y sugirió que algunas acciones podrían tener motivaciones políticas.
Mientras tanto, la UIF aseguró que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa, incluyendo recursos administrativos y judiciales para impugnar las medidas.
