Senadores de Morena advirtieron que la gobernadora Maru Campos podría enfrentar juicio político e incluso una pena de hasta 40 años de prisión, por la presunta participación de agentes de la CIA en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua, al considerar que se habrían cometido violaciones graves a la Constitución y a la soberanía nacional.
El señalamiento surge después de que saliera a la luz la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, identificados por medios internacionales como presuntos agentes de la CIA, durante un accidente ocurrido al salir del operativo donde fue localizado uno de los narcolaboratorios más grandes del país en la sierra de Chihuahua.
De acuerdo con el senador Enrique Inzunza, de la información difundida por la propia gobernadora y por el fiscal estatal César Jáuregui “se advierte una acción deliberada e intencional” para permitir el ingreso de personal extranjero que habría realizado funciones reservadas exclusivamente a autoridades mexicanas.
El legislador sostuvo que esto podría configurar violaciones a los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución, lo que abre la puerta a un juicio político contra la mandataria estatal.
Senadores oficialistas advirtieron que el caso incluso podría escalar al delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, cuya sanción va de cinco a 40 años de prisión.
“La Fiscalía General de la República debe abrir una carpeta de investigación, sin necesidad de denuncia”, señaló Inzunza, al considerar que se trata de un posible delito que se persigue de oficio.
A este posicionamiento se sumó el senador Óscar Cantón Zetina, quien aseguró que existen “elementos irrefutables” para proceder legalmente, al considerar especialmente grave que los agentes estadounidenses presuntamente portaran uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua para participar en acciones contra el narcotráfico.
La presión política también creció porque Maru Campos y el fiscal César Jáuregui fueron citados al Senado para explicar bajo qué condiciones se autorizó la colaboración con personal de Estados Unidos y por qué no se notificó al Gobierno federal.
Mientras tanto, el PAN cerró filas en torno a la gobernadora.
El dirigente nacional panista, Jorge Romero, expresó públicamente su respaldo y acusó un intento de utilizar el caso con fines políticos rumbo al próximo proceso electoral en Chihuahua.
A pesar del tono de las advertencias, es importante precisar que hasta este momento Maru Campos no enfrenta una acusación penal formal, por lo que el escenario de prisión depende de que la FGR abra una investigación, reúna pruebas y eventualmente judicialice el caso.
