Juan Francisco Vera Ayala dejará la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato a finales de septiembre, luego del polémico aseguramiento de 59 millones 36 mil 870 litros de gasolina y diésel en una terminal de San José Iturbide, cuyo origen y legalidad todavía son investigados.
De acuerdo con fuentes consultadas por MILENIO, el relevo estaría acompañado por la apertura de carpetas de investigación en el área de Asuntos Internos de la FGR, donde se revisa la actuación de la cadena de mando que participó en las diligencias que llevaron al cateo y aseguramiento del combustible.
La revisión abarcaría desde la representación de la FGR en Guanajuato hasta los agentes del Ministerio Público Federal que participaron en las técnicas de investigación y en la ejecución del cateo realizado en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide. Hasta ahora, no se han establecido públicamente responsabilidades administrativas o penales contra los servidores públicos involucrados.
Vera Ayala había asumido la delegación en enero de 2026 y su salida ocurre apenas ocho meses después. Según la información publicada por MILENIO, en su lugar se prevé el nombramiento de Norma Quevedo Vázquez, quien ha ocupado cargos en delegaciones de la FGR en Morelos y Veracruz.
El caso que derivó en el aseguramiento comenzó el 3 de julio, cuando fue detenido el conductor de una pipa que presuntamente descargaba 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. La FGR señaló que en ese momento no pudo acreditarse la trazabilidad del combustible. Las diligencias posteriores llevaron a otros inmuebles y finalmente a la terminal de San José Iturbide.
En la terminal fueron localizados 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de Premium y 18.2 millones de diésel. La FGR informó inicialmente que investigaba la posible comisión de delitos relacionados con hidrocarburos y materia fiscal, y posteriormente la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el expediente.
Sin embargo, el caso dio un giro en los últimos días. Fuentes de la FGR señalaron a La Jornada que todo apunta a que el combustible no sería huachicol fiscal, mientras que la empresa operadora de la terminal, Gas Natural del Noroeste, ha sostenido que cuenta con permisos y que el combustible pertenece a sus clientes.
La propia FGR mantiene una postura más cautelosa: informó que todavía analiza documentos, entrevistas y la información relacionada con las empresas involucradas para determinar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo.
Por ahora, el relevo de Vera Ayala y las investigaciones internas se producen mientras la FEMDO continúa con el expediente para determinar si existieron irregularidades tanto en el combustible asegurado como en las diligencias que llevaron al decomiso.
