La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe “N”, apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V., por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante operaciones ferroviarias.
La captura ocurrió en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión. Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería.
De acuerdo con la investigación federal, Guadalupe “N” estaría relacionada con Ingemar, empresa vinculada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien permanece bajo proceso por su probable participación en una estructura de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Con esta detención, sumaron nueve las personas aprehendidas dentro de esta investigación.
La FGR sostiene que la red habría utilizado ferrotanques para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México, además de empresas fachada, operadores logísticos y presunta participación de agentes aduanales y servidores públicos. La investigación comenzó después del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y posteriormente se identificaron operaciones con características similares en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Según las investigaciones, Ingemar fue constituida en 2018 y posteriormente Ruffo Appel se incorporó a su estructura accionaria. La Fiscalía ha señalado que la compañía habría participado como consignataria de cargamentos de combustible trasladados por ferrocarril desde Estados Unidos.
En el caso de Guadalupe “N”, medios que han tenido acceso a información de la investigación señalan que figuraba como apoderada legal y firmante autorizada de cuentas bancarias de Ingemar, por lo que las autoridades indagan su posible participación en la administración de recursos y operaciones de la empresa.
La investigación federal apunta a una estructura que habría utilizado documentación y operaciones comerciales para dar apariencia legal al movimiento de gasolina y diésel, mientras se evadían impuestos y obligaciones aduaneras. La FGR ha identificado al menos 11 empresas que presuntamente habrían intervenido en distintas etapas del esquema.
La Fiscalía ha informado que cuenta con 96 datos de prueba dentro de la investigación contra la red, entre ellos dictámenes periciales sobre los hidrocarburos, análisis de la capacidad de los ferrotanques, documentos y elementos de inteligencia financiera.
