El Gobierno de México anunció que endurecerá su estrategia jurídica para buscar justicia por los connacionales que han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Además de las gestiones diplomáticas emprendidas en los últimos meses, ahora promoverá acciones penales y civiles ante tribunales estadounidenses para exigir responsabilidades por estos casos.
La decisión fue dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que señaló que solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias ante fiscalías locales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el objetivo de investigar posibles responsabilidades de funcionarios y empresas privadas involucradas en la custodia de migrantes.
¿Por qué cambia la estrategia?
Desde marzo, el Gobierno mexicano había recurrido principalmente a la vía diplomática: envío de notas al Gobierno estadounidense, protestas formales, visitas consulares, así como la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el anuncio de apoyo a demandas colectivas relacionadas con las condiciones en centros de detención migratoria.
Sin embargo, la Cancillería considera que esas acciones no han generado respuestas suficientes para esclarecer las muertes ni garantizar mejores condiciones para las personas detenidas, por lo que ahora buscará que los casos sean investigados también por la vía penal y civil en Estados Unidos.
Al menos 17 mexicanos han muerto
De acuerdo con el Gobierno mexicano, 17 ciudadanos mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en lo que va de 2026.
De ellos, 14 murieron dentro de centros de detención y tres durante operativos de captura. En varios expedientes, las familias han denunciado presunta negligencia médica, falta de atención o uso excesivo de la fuerza, mientras que otros continúan bajo investigación para determinar las causas de muerte.
Los casos que encendieron las alertas
Entre los casos recientes se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Texas. Las autoridades estadounidenses sostienen que el migrante embistió con su vehículo a los agentes, mientras que su familia cuestiona esa versión y exige una investigación independiente.
También figuran casos como los de Heber Sánchez, Alberto Gutiérrez, Alejandro Cabrera, José Guadalupe Ramos y Royer Pérez, cuyas familias denunciaron demoras en la atención médica, condiciones deficientes de reclusión o irregularidades en las investigaciones sobre sus fallecimientos.
También van contra empresas privadas
La estrategia jurídica no solo contempla acciones contra autoridades estadounidenses.
La Cancillería buscará impulsar demandas civiles contra empresas privadas encargadas de operar algunos centros de detención migratoria, entre ellas The GEO Group, responsable del centro de Adelanto, California, donde varios mexicanos fallecieron mientras permanecían bajo custodia. El Gobierno mexicano sostiene que existen indicios de posibles negligencias relacionadas con la atención médica y las condiciones de internamiento.
¿Qué sigue?
Además de las denuncias en Estados Unidos, México solicitará el acompañamiento de organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para reforzar la protección de los más de 13 mil mexicanos que actualmente permanecen detenidos en centros migratorios estadounidenses.
Con este cambio de estrategia, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca que las investigaciones no se limiten al ámbito diplomático y que las muertes de connacionales bajo custodia del ICE puedan derivar en responsabilidades penales y civiles, tanto para autoridades como para empresas encargadas de la operación de los centros de detención.
