Un juez federal condenó a tres años de prisión a un exintegrante de la desaparecida Policía Federal, al encontrarlo responsable del delito de tortura cometido contra una persona detenida en Nezahualcóyotl, Estado de México, a quien obligó mediante violencia física y psicológica a declararse culpable de un secuestro.
La resolución representa uno de los pocos casos en los que un exagente federal recibe una sentencia por actos de tortura ocurridos durante operativos de seguridad realizados en el periodo en que la Policía Federal aún estaba en funciones.
Los hechos ocurrieron en 2012
De acuerdo con la investigación judicial, la víctima fue detenida en 2012 por un grupo de policías federales en Nezahualcóyotl.
Durante su aseguramiento fue sometida a golpes, amenazas y otros actos de violencia con el objetivo de que confesara su participación en un secuestro y proporcionara información incriminatoria. Posteriormente se comprobó que dichas confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Los hechos fueron acreditados mediante diversas pruebas periciales, entre ellas evaluaciones realizadas conforme al Protocolo de Estambul, estándar internacional para documentar casos de tortura.
Una condena que llega más de una década después
La sentencia fue emitida 14 años después de los hechos, reflejando el prolongado camino judicial que suelen enfrentar las víctimas de tortura para obtener justicia.
Aunque el exagente fue encontrado penalmente responsable, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la víctima señalaron que la pena resulta reducida frente a la gravedad del delito y las secuelas físicas y psicológicas ocasionadas.
Aún hay otros implicados
Las investigaciones señalan que la tortura no habría sido cometida por un solo elemento, sino por varios integrantes del operativo.
En procesos separados, otros exagentes de la entonces Policía Federal han sido investigados o vinculados por su presunta participación en los mismos hechos, mientras continúan abiertos distintos procedimientos relacionados con el caso.
La tortura sigue siendo un desafío para la justicia
Diversos organismos nacionales e internacionales han advertido que México continúa enfrentando importantes retos para investigar y sancionar la tortura cometida por servidores públicos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido múltiples recomendaciones por casos atribuidos a corporaciones federales y estatales, subrayando la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la reparación integral a las víctimas.
