Las autoridades de Estados Unidos presentaron cargos formales contra Paul Campo, un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), por presuntamente colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) después de retirarse de la corporación. El caso, revelado por The New York Times, ha generado preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad estadounidenses.
Campo, de 61 años, trabajó durante 25 años en la DEA, donde llegó a ocupar el cargo de subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras. De acuerdo con la acusación, tras su jubilación en 2016 comenzó a reunirse, junto a su socio Robert Sensi, de 75 años, con una fuente confidencial que se hacía pasar por integrante del CJNG.
Según el Departamento de Justicia, los acusados aceptaron lavar dinero que creían proveniente del narcotráfico del cártel. Primero movieron alrededor de 750 mil dólares, convirtiéndolos en criptomonedas, y posteriormente acordaron ampliar la operación para blanquear hasta 12 millones de dólares. Además, pagaron por 220 kg de cocaína con la expectativa de obtener ganancias directas por su venta.
La investigación señala que Campo y Sensi no solo ofrecieron esquemas financieros para ocultar recursos del crimen organizado, como el uso de bienes raíces y tarjetas prepago, sino que también conversaron sobre la posible adquisición de armas, equipo militar y drones explosivos para el CJNG. Incluso habrían proporcionado asesoría técnica sobre métodos de producción de narcóticos, incluido el fentanilo.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, calificó el caso como una traición directa al servicio público.
“Campo usó su experiencia en la DEA para intentar ayudar a uno de los cárteles más violentos”, declaró.
Por su parte, la DEA subrayó que la conducta ocurrió después del retiro del exagente, pero enfatizó que cualquier persona que haya portado la placa y participe en actividades criminales enfrentará consecuencias severas.
Ambos detenidos fueron arrestados en Nueva York y enfrentarán cargos por:
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Conspiración para cometer narcoterrorismo
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Conspiración para distribuir narcóticos
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Proveer apoyo material a una organización terrorista
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Conspiración para lavado de dinero
Cada uno podría alcanzar penas que van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua.
El caso continúa bajo investigación y ha sido asignado al juez federal Paul G. Gardephe.
