Ante el proyecto de resolución que busca reinterpretar esa figura, la presidenta argumentó que se debe de mantener “frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este jueves a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa, al considerar que es una medida necesaria frente al contexto de inseguridad que vive el país, particularmente por la amenaza que representan los grupos del crimen organizado. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que esta figura jurídica “incluso protege la integridad de los jueces”.

El posicionamiento de Sheinbaum ocurre en un momento clave, a pocos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta un proyecto de resolución —elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat— que busca reinterpretar la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, con base en estándares internacionales de derechos humanos.

“Frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada, es importante, incluso para protección de los jueces, que haya ciertos delitos en los que no quede a criterio del juez si hay prisión o no, sino que ya haya una orientación previa”, expresó la presidenta.

Agregó que esta medida permite evitar que los jueces tomen decisiones que pongan en riesgo su vida, especialmente en casos que involucran a presuntos delincuentes peligrosos. “Esto tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”, sentenció.

La figura de la prisión preventiva oficiosa está contemplada en la Constitución mexicana, y obliga a que las personas acusadas de ciertos delitos enfrenten su proceso penal desde prisión, sin que medie una evaluación judicial previa sobre la necesidad de esa medida cautelar. Entre los delitos incluidos se encuentran el homicidio, la delincuencia organizada y la extorsión. Sin embargo, en 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma para ampliar el catálogo e incluir delitos fiscales, de corrupción y relacionados con hidrocarburos.

No obstante, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) han cuestionado la validez de esta figura en el marco del respeto a las garantías individuales. En particular, en los casos García Rodríguez y otros vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, la Corte concluyó que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no permite valorar individualmente las circunstancias del acusado ni los riesgos procesales.

El proyecto de resolución elaborado por la ministra Ríos Farjat sigue esta línea y propone que la prisión preventiva sólo pueda imponerse tras un análisis caso por caso, lo que en la práctica significaría que la figura dejaría de aplicarse automáticamente según el delito imputado.

A pesar de que el documento aún no tiene una fecha definida para su discusión en el pleno de la SCJN, el tema ha generado debate tanto en el ámbito jurídico como político. La presidenta Sheinbaum también criticó que sectores de la oposición pretendan sustituir esta figura por la prisión preventiva justificada —que requiere solicitud del Ministerio Público y pruebas ante el juez— sin proponer soluciones claras para atender los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

La discusión en la Corte representa no solo un choque entre visiones jurídicas —constitucionalismo versus convencionalidad— sino también un debate político profundo sobre los límites del poder punitivo del Estado frente a los derechos humanos y la eficacia en la lucha contra el crimen.

En un país donde las violencias estructurales y la impunidad siguen marcando la agenda pública, la resolución que adopte la SCJN tendrá repercusiones decisivas sobre el sistema de justicia penal y el modelo de seguridad nacional que defienda la nueva administración.