El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana consideró como inaceptable que jueces favorezcan a presuntos delincuentes
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó este jueves una severa crítica contra jueces del Poder Judicial que, según denunció, han favorecido de manera sistemática a presuntos integrantes del crimen organizado. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario calificó como “inaceptable” el número creciente de resoluciones judiciales que han beneficiado a personas acusadas de delitos graves.
García Harfuch reveló que se tienen registradas al menos 193 determinaciones judiciales —emitidas por diversos órganos jurisdiccionales— que habrían favorecido o intentado favorecer a presuntos delincuentes, mediante traslados, cambios de medidas cautelares, excarcelaciones e incluso liberaciones definitivas. De estas decisiones, 164 se tradujeron en egresos de personas privadas de la libertad por modificaciones a su medida cautelar, y dos más correspondieron a liberaciones totales. “Esto significa más de 100 presuntos delincuentes que regresaron a las calles”, advirtió.
El secretario también detalló que se han autorizado 27 traslados a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con los requisitos legales correspondientes, a pesar de que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la SSPC había determinado que no eran viables, por tratarse de personas procesadas o sentenciadas por delitos como secuestro, homicidio, privación ilegal de la libertad y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y garantizar la justicia, emitan resoluciones que terminan por beneficiar a delincuentes. Esto pone en riesgo la seguridad de la sociedad”, sentenció García Harfuch.
Uno de los casos más graves que mencionó fue el de Miguel Ángel “N”, presunto líder del grupo criminal conocido como Los Zetas, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por cargos de asociación delictuosa, tráfico de drogas, lavado de dinero e introducción ilegal de armas de fuego. Según el titular de la SSPC, su proceso de extradición ha sido bloqueado en al menos 79 ocasiones por siete jueces distintos.
También hizo referencia al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios judiciales a Gerardo Ponce Alanís, señalado como operador del Cártel del Pacífico, así como al “Contador”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
Estas denuncias surgen en un momento políticamente delicado, en plena antesala de la primera elección popular del Poder Judicial en México. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen preocupaciones en torno a algunos aspirantes a ocupar cargos judiciales, quienes presuntamente tendrían vínculos con el crimen organizado. Afirmó que, en caso de confirmarse estas acusaciones, será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes tomarán la última decisión sobre su elegibilidad.
Sheinbaum recordó que el mes pasado solicitó formalmente al Tribunal Electoral invalidar las candidaturas de aspirantes que estén relacionados con el narcotráfico, después de que el Senado reconociera la existencia de perfiles cuestionables entre los postulantes. “Hasta ahora, muchas de las denuncias se han hecho a través de redes sociales, pero deben ser atendidas institucionalmente”, subrayó.
En paralelo, la organización civil Defensorxs presentó un informe en su plataforma Justicia en la Mira, donde identificó a 13 candidatos vinculados con el crimen organizado, delitos sexuales, grupos político-religiosos extremos y otras irregularidades. Entre ellos, destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
El proceso judicial-electoral en marcha ha encendido alarmas entre organismos internacionales, expertos y asociaciones civiles, que advierten sobre una posible intromisión del Ejecutivo federal y del crimen organizado en las decisiones del Poder Judicial. La elección, que tendrá lugar el próximo 2 de junio, convoca a más de 99 millones de personas para elegir por voto directo a 881 cargos entre más de 3,400 aspirantes, incluyendo ministros de la Suprema Corte, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.
Las campañas comenzaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, en medio de crecientes tensiones entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y diversos sectores de la sociedad que cuestionan tanto el modelo de elección como los perfiles de los candidatos.
