“No hay una sola prueba”, afirma el fiscal Gertz Manero
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó categóricamente que no existe ninguna prueba de que en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se hayan realizado cremaciones clandestinas de cuerpos, como se había especulado tras los hallazgos recientes realizados por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes, Gertz Manero presentó avances en la investigación federal sobre el predio, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso a raíz de denuncias públicas y mediáticas sobre actividades delictivas en la zona. La intervención ocurrió meses después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportara en marzo de este año la localización de presuntos restos humanos en el sitio.
“No hay una sola prueba que acredite que en ese lugar hubo cremaciones de cuerpos. No se han encontrado hornos, ni instalaciones para incineración sistemática de restos humanos”, sostuvo el fiscal, quien además subrayó que la versión sobre crematorios clandestinos no tiene sustento probatorio.
Un centro operativo del CJNG
Lo que sí confirmó Gertz Manero es que el rancho Izaguirre funcionó como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la FGR, el predio fue utilizado para el reclutamiento, adiestramiento y operación del grupo criminal, y esto está acreditado con evidencia testimonial, documental y confesional recabada en los últimos meses.
“Tenemos totalmente probado que ese lugar era un centro logístico del CJNG. La amplitud de esa información es absolutamente indudable”, afirmó el fiscal.
La presencia del grupo criminal en la zona era conocida desde al menos 2021, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco notificó a las autoridades del municipio de Teuchitlán sobre diversas actividades ilícitas en el rancho. A pesar de ello, las autoridades locales no actuaron, lo cual es ahora también objeto de investigación federal.
No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional ejecutó una orden de cateo en el sitio. Durante ese operativo se rescataron a dos personas, se localizó el cuerpo de una víctima, y se detuvo a 10 presuntos integrantes del CJNG, entre ellos tres expolicías municipales de Tala, acusados de participar en delitos de desaparición forzada.
Restos óseos, fogatas y prendas sin identificar
Sobre los restos encontrados por los colectivos de búsqueda, Gertz Manero señaló que en el sitio se hallaron zanjas y agujeros donde aparentemente se hicieron fogatas, así como una pequeña vasija con fragmentos óseos muy deteriorados y de antigüedad aún no determinada. Sin embargo, reiteró que no se han localizado osamentas completas ni evidencias forenses concluyentes sobre la quema de cuerpos.
También se confirmó el hallazgo de bolsas con ropa y pertenencias, localizadas en otra zona del predio. Estas fueron inicialmente aseguradas por la Fiscalía del estado de Jalisco, aunque —según el fiscal— no se periciaron adecuadamente y fueron devueltas recientemente a la FGR sin haber sido analizadas de manera individual.
“Ahora serán periciadas una por una, y estarán disponibles para que familiares de personas desaparecidas puedan intentar identificarlas”, explicó Gertz Manero.
Procesos en curso y posibles nuevas órdenes de aprehensión
Hasta ahora, por este caso se han iniciado 14 procesos judiciales por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, y la FGR no descarta nuevas detenciones. El fiscal advirtió que se están integrando más carpetas de investigación y se prevé cumplimentar órdenes de aprehensión contra autoridades locales que presuntamente colaboraron o facilitaron la operación del cártel en la zona.
“Este caso no está cerrado. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, sentenció Gertz Manero.
La investigación sobre el rancho Izaguirre continúa en desarrollo y ha adquirido relevancia nacional no solo por la vinculación con el CJNG, sino también por las implicaciones en torno al actuar —u omisión— de autoridades municipales y estatales frente a la presencia del crimen organizado.
