La organización señaló que la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena significa “un grave retroceso en materia de derechos humanos”.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional, Amnistía Internacional pidió al Senado de la República a “votar en contra de las reformas propuestas y a presionar el gobierno a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública”.
En un mensaje publicado este día, Amnistía Internacional reiteró su “preocupación al observar que, a pocos días del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la masacre de Tlatelolco, se pretenda dar avance a esta reforma, ignorando el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”.
A través de su sitio, Amnistía Internacional realizó el llamado a una acción urgente:
“El 31 de agosto de 2022, el Presidente de México propuso una serie de reformas legislativas que aumentarían la militarización de la institución de seguridad pública más importante del país, la Guardia Nacional. Las reformas propuestas incorporarían a la institución al control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, institucionalizarían el entrenamiento militar para miembros de la Guardia Nacional y permitirían que presuntos crímenes bajo el derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la institución sean juzgados en tribunales militares. Amnistía Internacional hace un llamado al Senado de la República a rechazar las reformas y a presionar al gobierno a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública”.
En las conclusiones del análisis de Amnistía Internacional sobre la iniciativa de reforma en materia de Guardia Nacional, la organización considera:
La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido México.
Va en contra de lo mandatado por la Corte IDH en su sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, pues no se estaría empleando la participación de fuerzas armadas de manera extraordinaria, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, ni se estaría subordinando a fuerzas policiales civiles ni fiscalizando adecuadamente.
La permanencia de Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana puede conllevar una potencial comisión de violaciones graves a derechos humanos.
El debilitamiento de las policías civiles no puede ser reemplazado por las por las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, las labores de las Fuerzas Armadas no pueden extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.
