En 1992, Carlos Salinas logró el retorno del doctor Humberto Álvarez Machain
En 2020, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles
La intervención del gobierno de México para gestionar una eventual repatriación de Ismael “El Mayo” Zambada no sería la primera gestión de ese tipo ante el gobierno de Estados Unidos.
El 21 de febrero se difundióuna carta en la que Zambada envió una carta al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que exija su repatriación, y advirtió que de no ocurrir su regreso se provocaría un “colapso” en la relación bilateral debido a las circunstancias irregulares en las que fue llevado a Estados Unidos. Zambada alega que fue secuestrado y llevado a la fuerza ante la justicia estadounidense, que lo acusa de ser uno de los principales responsables del tráfico de droga de México a Estados Unidos, los abogados del narcotraficante explican que, técnicamente, la carta se trata de un escrito firmado por Zambada que contiene la solicitud de defensa consular, por la violación a sus derechos humanos, por la forma iregular en que ha sido puesto a disposición de las autoridades estadounidenses, asi como la posible aplicación de la pena de muerte.
Esta no sería la primera vez que el gobierno mexicano interviene ante los Estados Unidos para repatriar a mexicanos detenidos. Hay al menos dos antecedentes:
Caso Humberto Álvarez Machain
La primera ocurrió en 1992, cuando el entonces gobierno de Carlos Salinas logró el retorno del doctor Humberto Álvarez Machain, quien dos años antes había sido secuestrado por agentes estadunidenses como supuesto participante en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985. Álvarez Machain fue liberado y regresado a México.
El caso de Humberto Álvarez Machain es uno de los episodios más tensos en la relación México-Estados Unidos en materia de justicia y soberanía. Aquí te cuento los detalles de cómo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari logró su retorno en 1992.
El doctor Humberto Álvarez Machain, un ginecólogo de Guadalajara, fue acusado por el gobierno estadounidense de haber participado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985. Según las autoridades de Estados Unidos, Álvarez Machain habría mantenido con vida a Camarena después de su secuestro para que fuera interrogado y torturado antes de su muerte.
En 1990, sin una orden de extradición ni cooperación con el gobierno mexicano, agentes estadounidenses contratan a mercenarios para secuestrar a Álvarez Machaín en Guadalajara y llevarlo a la fuerza a Estados Unidos, donde fue juzgado.
La administración de Carlos Salinas de Gortari reaccionó con indignación, pues el secuestro de un ciudadano mexicano por agentes extranjeros en territorio nacional era una violación flagrante de la soberanía del país. México protestó formalmente ante Washington y exigió su regreso, argumentando que el procedimiento violaba los tratados de extradición entre ambas naciones.
El gobierno mexicano presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y congeló temporalmente la cooperación con la DEA en represalia por la operación ilegal.
En 1992, después de un largo proceso legal en Estados Unidos, la Suprema Corte de ese país dictaminó que, aunque el secuestro de Álvarez Machain fue ilegal, no afectaba la jurisdicción de los tribunales estadounidenses sobre él. Sin embargo, en el juicio, la fiscalía no pudo probar su culpabilidad, y el juez ordenó su liberación por falta de pruebas.
Tras su absolución, Álvarez Machain regresó a México, y el gobierno de Salinas de Gortari lo presentó como una victoria diplomática. Sin embargo, este caso dejó un precedente peligroso: la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que su país podía capturar a sospechosos en territorio extranjero sin necesidad de extradición formal, lo que generó tensión con otros países.
Caso Salvador Cienfuegos
El 15 de octubre de 2020, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles por autoridades estadounidenses cuando llegaba con su familia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusaba de narcotráfico y lavado de dinero, argumentando que protegió y facilitó las operaciones del cártel H-2 (una facción del extinto Cártel de los Beltrán Leyva) a cambio de sobornos. La acusación se basaba en mensajes interceptados entre presuntos narcotraficantes y un personaje identificado como “El Padrino”, supuestamente Cienfuegos.
El arresto generó una crisis diplomática, ya que el gobierno de México no había sido informado sobre la investigación ni la detención, lo que violaba los acuerdos de cooperación entre ambos países.
La administración de López Obrador reaccionó con molestia, considerando que la DEA había actuado unilateralmente sin consultar a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Marcelo Ebrard, protestó formalmente y exigió explicaciones a Washington.
El 28 de octubre el gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de EU para manifestar, formalmente, el extrañamiento por la falta de información sobre la investigación y detención de Cienfuegos, con los siguientes argumentos: se consideró una intromisión en asuntos internos y un acto que socavaba la confianza bilateral; así como una amenaza a la cooperación bilateral, el presidente López Obrador amenazó con restringir la colaboración con la DEA y modificar acuerdos de cooperación en seguridad.
En respuesta, el 11 de noviembre el gobierno mexicano recibió las pruebas que la DEA tenía en contra del exsecretario de la Defensa, un oficio suscrito por el administrador interino de la DEA acompañado por un anexo de 743 páginas que contenían la investigación contra Cienfuegos, documento que fue enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República para que iniciara su propia investigación.
El 17 de noviembre de 2020, la FGR emitió el comunicado 373/2020 con la declaración conjunta de los fiscales de México y EU, Alejandro Gertz Manero y William Barr:
“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestime el caso de Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos, para que pueda ser trasladado y, en su caso, procesado conforme a las leyes mexicanas.
“A solicitud de la FGR el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas”, señala el documento. Al día siguiente el general fue repatriado y recibió un trato privilegiado: no fue esposado ni enfrentó detención alguna.
En enero de 2021, la FGR exoneró a Cienfuegos, argumentando que las pruebas presentadas por Estados Unidos eran insuficientes.
El caso dañó la confianza entre ambos gobiernos. Además, México aprobó en diciembre de 2020 una reforma que limitó las operaciones de la DEA en el país, exigiendo que sus agentes informaran de todas sus actividades al gobierno mexicano.
Caso “El Mayo” Zambada
Amenaza, extorsión, chantaje… de eso y más han acusado la petición de Ismael “El Mayo” Zambada para repatriarlo a México, por mencionar que de no recibir ayuda del gobierno mexicano podrían colapsar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. “El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contesta a estas peticiones, pues en el marco de la ley”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el lunes 24.
Los abogados de Zambada esperan la respuesta del gobierno mexicano a sus peticiones mediante canales oficiales y jurídicos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este asunto se respondería en la conferencia del 25 de febrero, con la asistencia del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Sheinbaum Pardo respondió “Ni caemos en chantajes, ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad con la Constitución y con las leyes”, agregó, “Nosotros cumplimos con la ley; eso es lo que debemos hacer, y para eso está la Fiscalía, y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo que debe hacerse”.
Los abogados de Zambada esperan la respuesta del gobierno mexicano a sus peticiones mediante canales oficiales y jurídicos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este asunto se respondería en la conferencia del 25 de febrero, con la asistencia del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Este caso abre un nuevo capítulo en la relación México-Estados Unidos sobre extradiciones y repatriaciones de acusados de alto perfil.
