Un análisis de los cambios más relevantes generados en apoyo de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha experimentado múltiples reformas en los últimos años con el fin de adaptar su marco normativo a las cambiantes necesidades de seguridad pública en el país. Estos cambios han sido impulsados por el compromiso del Estado mexicano para fortalecer el Estado de Derecho, garantizar los derechos humanos y hacer frente a los retos que plantea la delincuencia organizada, así como los fenómenos de violencia social. A continuación, se realiza un repaso detallado de las reformas constitucionales más significativas en este ámbito.
Reforma de 2008: El Sistema Procesal Penal Acusatorio
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que introdujo el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Este modelo de justicia se caracteriza por su enfoque garantista, promoviendo procesos judiciales más transparentes, ágiles y equitativos. La reforma abarcó modificaciones a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como a las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, con el objetivo de asegurar un equilibrio entre los derechos de las víctimas y los de los acusados.
Este cambio permitió que, en un caso típico de robo, por ejemplo, el acusado fuera juzgado de manera más ágil y transparente, permitiendo a la víctima y a la sociedad observar todo el proceso, desde la acusación hasta la sentencia. El modelo acusatorio y oral también garantizó que las partes pudieran presentar pruebas de manera más efectiva, lo que redujo los tiempos de espera en los tribunales y aumentó la confianza en el sistema judicial.
Reforma de 2011: Protección de los Derechos Humanos
El 10 de junio de 2011, se aprobó una reforma constitucional que modificó 11 artículos constitucionales con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos. Con esta reforma, México asumió un compromiso más fuerte con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, elevándolos al mismo nivel que la Constitución.
Por ejemplo, en un caso de desaparición forzada, esta reforma permitió que la familia de la víctima pudiera exigir a las autoridades que actuaran de manera más efectiva y conforme a los estándares internacionales en cuanto a la búsqueda y localización de la persona desaparecida.
Reforma de 2019: Creación de la Guardia Nacional
Una de las reformas más trascendentes en el ámbito de seguridad pública fue la reforma constitucional de 2019, que dio origen a la creación de la Guardia Nacional. Esta reforma, publicada en marzo de 2019, incluyó modificaciones a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución, con el objetivo de dar una respuesta más efectiva a la creciente violencia y criminalidad que aquejaba a diversas regiones del país.
La Guardia Nacional nació con la finalidad de ser una institución de carácter civil, disciplinada y profesional, aunque con mando militar. Su misión es fundamentalmente preventiva y reactiva frente a los delitos, contribuyendo en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, el robo de combustible, el secuestro y otros delitos de alto impacto. Un ejemplo claro de su intervención fue la operación en el estado de Michoacán para combatir el crimen organizado en las regiones más afectadas por los cárteles, mejorando la seguridad en estas zonas.
Reforma de 2024: Ampliación de la prisión preventiva oficiosa
En 2024, se modificó nuevamente el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Esta reforma, que fue publicada el 2 de enero de 2025, abarca crímenes como extorsión, feminicidio y aquellos relacionados con la producción y tráfico de fentanilo, entre otros.
Por ejemplo, en casos de extorsión, aquellos involucrados podrían ser detenidos de forma preventiva sin necesidad de que el juez considere la peligrosidad individual, lo cual permite a las autoridades evitar que los delincuentes continúen cometiendo delitos mientras se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, esta medida ha generado controversia, ya que algunos consideran que puede afectar el derecho a la presunción de inocencia, un principio fundamental de los derechos humanos. En este contexto, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de esta reforma en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Reforma de 2025: Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Una de las modificaciones más recientes en materia de seguridad es la reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Este Decreto reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución, ampliando las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la investigación de delitos y fortaleciendo sus operaciones en materia de seguridad pública. El Decreto, publicado el 31 de diciembre de 2024, establece que la SSPC podrá formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las políticas y programas relacionados.
Esta reforma también otorga a la SSPC la capacidad de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y de solicitar información a diversas instituciones para esclarecer hechos presuntamente constitutivos de delitos. Por ejemplo, en una investigación sobre el tráfico de armas, la SSPC podrá coordinar acciones con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias para recolectar y analizar información de inteligencia, fortaleciendo la lucha contra este tipo de delitos.
Además, el Decreto establece que los fondos federales para la seguridad pública serán gestionados de manera más eficiente, auditados y vigilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estos fondos serán destinados exclusivamente para la seguridad pública y se espera que su uso sea más transparente, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles.
Un sistema de seguridad más eficaz y coordinado
Las reformas constitucionales y la creación de nuevas instituciones como la Guardia Nacional son solo una parte de los esfuerzos más amplios para mejorar la seguridad pública en México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha asumido un rol central en la implementación de estas políticas. Con el Decreto de reforma de 2025, se ampliaron sus facultades, permitiéndole coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formular políticas, programas y acciones, así como fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.
Asimismo, la SSPC tiene como misión fundamental prevenir y combatir los delitos y la corrupción, garantizar la paz social y respetar los derechos humanos. Entre sus principales objetivos están la promoción de la cultura de paz, la implementación de un nuevo modelo policial, y la mejora de la capacidad institucional para coordinar acciones en los tres niveles de gobierno.
El futuro de la seguridad en México
Las reformas constitucionales en materia de seguridad y los esfuerzos institucionales reflejan una voluntad por parte del gobierno mexicano de enfrentar los desafíos del crimen organizado, la violencia y la inseguridad. No obstante, el éxito de estas reformas dependerá de su correcta implementación y de la capacidad de las autoridades para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
El fortalecimiento de la seguridad pública es una prioridad nacional, y a través de un marco normativo actualizado y de instituciones más fuertes y coordinadas, México busca avanzar hacia un futuro de paz, justicia y respeto a los derechos humanos. Sin duda, el camino para consolidar una seguridad efectiva y sostenible sigue siendo un desafío, pero los avances normativos y operativos marcan un paso importante hacia un país más seguro para todos.
