Entran en vigor dos reformas constitucionales que serán de los instrumentos con los que el gobierno de Claudia Sheinbaum buscará combatir el principal desafío: la seguridad
A partir del 1 de enero de 2025, entra en vigor un nuevo decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, el cual amplía significativamente las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Este cambio tiene como objetivo reforzar la seguridad pública en México, estableciendo un marco más robusto para la coordinación entre las diversas instituciones de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum, el decreto otorga a la SSPC mayores atribuciones para coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como el Sistema Nacional de Inteligencia, permitiendo una mayor colaboración con otras instituciones de procuración de justicia, como fiscalías y policías locales. De esta manera, la Secretaría podrá coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública, fortaleciendo la prevención y combate de los delitos en todo el territorio nacional.
Uno de los aspectos clave del decreto es la posibilidad de que la SSPC formule, coordine y dirija políticas y programas de seguridad pública en todo el país, contribuyendo de forma más activa a la protección de los ciudadanos. Además, la reforma establece que la Secretaría podrá asumir funciones en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, en los términos que determine la ley.
Otro punto importante es que la SSPC podrá solicitar información a las distintas instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de delitos, lo que facilita el intercambio de datos y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o crisis. Esta medida tiene como fin optimizar la investigación de los delitos y asegurar que los responsables sean procesados de manera eficiente.
El decreto también establece que los fondos federales destinados a la seguridad pública serán distribuidos entre las entidades federativas y los municipios, y su uso será estrictamente auditado y vigilado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto asegura que los recursos sean empleados de manera transparente y eficaz, en línea con los objetivos establecidos por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Con la entrada en vigor de esta reforma, el gobierno federal también subraya la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, para maximizar el impacto de las acciones de prevención del delito y mantener la paz en las comunidades. La SSPC destaca que esta medida permitirá una mayor eficiencia en el uso de recursos y la implementación de estrategias de seguridad, fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de esta reforma, reafirma su compromiso con la mejora continua de la seguridad pública en México, consolidando las bases para un sistema de seguridad más fortalecido y eficiente, y contribuyendo al objetivo de brindar paz y tranquilidad a todos los ciudadanos del país.
