La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es un hecho aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia. Así lo advirtió el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al asegurar que “este caso es solo el principio” en la lucha contra funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.
En un posicionamiento difundido tras la imputación presentada por el Departamento de Justicia, legisladores estadounidenses señalaron que la política de tolerancia hacia actores ligados al narcotráfico ha llegado a su fin. “La era de la impunidad para los narcoterroristas ha terminado”, advirtieron, en un mensaje que eleva la presión sobre autoridades mexicanas.
El pronunciamiento se da luego de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios de participar en una conspiración de narcotráfico y tráfico de armas, presuntamente en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Desde Washington, el mensaje ha sido interpretado como una señal de endurecimiento en la estrategia estadounidense, particularmente en el uso de herramientas legales para perseguir a redes que, según sus investigaciones, no solo operan desde el crimen organizado, sino también desde estructuras gubernamentales.
El Comité legislativo subrayó que las acciones judiciales no se limitarán a un solo caso, sino que podrían extenderse a otros actores políticos y de seguridad en México, en lo que calificaron como una nueva etapa de combate al narcotráfico con alcance transnacional.
Mientras tanto, en México, el caso ha generado una fuerte sacudida política. El propio Rubén Rocha Moya ha rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas y parte de una ofensiva sin sustento, mientras distintas fuerzas políticas comienzan a posicionarse ante un escenario que podría escalar en los próximos días.
