La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos detalles sobre el funcionamiento de la red delictiva conocida como “El Caballito”, una estructura presuntamente dedicada al lavado de dinero, la evasión fiscal y la emisión de facturas falsas que habría generado operaciones por más de 12 mil millones de pesos.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó que los integrantes de la organización se acercaban a empresas para ofrecerles mecanismos de evasión fiscal disfrazados como esquemas de comercialización y planeación financiera.
“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas”, explicó el funcionario.
De acuerdo con las investigaciones, una vez que convencían a los clientes, los operadores constituían empresas fachada y asociaciones civiles que daban apariencia de legalidad a las operaciones. Posteriormente simulaban servicios, realizaban movimientos contables ficticios y emitían comprobantes fiscales que permitían reducir o evitar el pago de impuestos.
La FGR identificó al menos 15 empresas y asociaciones civiles vinculadas con la estructura, cuyos domicilios fiscales se encontraban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, aunque los cateos y operativos también alcanzaron entidades como Colima y Aguascalientes.
Según las autoridades, el esquema contemplaba la inyección de recursos para posteriormente distribuir beneficios entre los participantes mediante actos jurídicos y contables diseñados para ocultar el origen y destino real del dinero. Parte de la estrategia consistía en generar incentivos económicos evitando el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Las estimaciones de la autoridad hacendaria indican que la red habría emitido facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos, una cifra que la FGR comparó con casi la mitad del presupuesto ejercido por el estado de Tlaxcala en 2016.
La investigación, que se prolongó durante al menos tres años, permitió integrar denuncias dispersas con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras instituciones federales. Como resultado fueron detenidas ocho personas, incluidos dos presuntos líderes de la organización.
Durante los cateos realizados por las autoridades también fueron asegurados inmuebles, documentación financiera y dinero en efectivo en diversas monedas extranjeras, elementos que ahora forman parte de las carpetas de investigación.
La FGR señaló que, además de los delitos relacionados con la expedición de comprobantes fiscales falsos, las indagatorias continúan para determinar posibles responsabilidades por lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que podrían derivar en sanciones más severas para los involucrados
