A partir de esta semana, la Guardia Nacional tendrá facultades formales para aplicar multas e infracciones en carreteras y puentes de jurisdicción federal, luego de la publicación de un decreto presidencial que reforma el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
La modificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), otorga a los elementos de la corporación atribuciones directas para realizar labores de tránsito, inspección vehicular, vigilancia carretera y aplicación de sanciones administrativas a conductores que incumplan el reglamento federal.
Con ello, la Guardia Nacional podrá detener vehículos, levantar infracciones, realizar revisiones documentales, ordenar paradas, coordinar operativos viales e incluso emitir dictámenes técnicos en accidentes carreteros.
El decreto establece además que las indicaciones emitidas por integrantes de la Guardia Nacional prevalecerán sobre señales o dispositivos de control vial en carreteras federales. También podrán aplicar amonestaciones verbales o escritas, practicar exámenes de alcoholemia y retirar vehículos cuando existan violaciones al reglamento.
Las sanciones económicas podrán variar dependiendo de la falta cometida. Algunos reportes señalan que ciertas multas podrían superar los 5 mil pesos, calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Entre las infracciones que podrá sancionar la corporación se encuentran exceso de velocidad, falta de documentación, invasión de carriles, condiciones físico-mecánicas deficientes en unidades de carga y desacato a órdenes emitidas por los agentes federales.
El gobierno federal argumentó que la reforma busca fortalecer la seguridad vial, reducir accidentes y mejorar la coordinación operativa en vías federales.
Sin embargo, la medida también reactivó el debate sobre la creciente militarización de funciones civiles en México, debido a que la Guardia Nacional depende actualmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Diversos especialistas y organizaciones civiles han advertido desde años recientes sobre la expansión de tareas militares hacia ámbitos tradicionalmente civiles, como seguridad pública, aduanas, construcción de infraestructura y ahora tránsito carretero.
La discusión se intensificó además porque la reforma llega en un contexto donde la Guardia Nacional ya concentra gran parte de la vigilancia en carreteras federales tras la desaparición de la Policía Federal. Aunque anteriormente los elementos ya participaban en operativos carreteros, el nuevo decreto formaliza y amplía sus atribuciones legales para sancionar directamente a conductores.
En redes sociales y foros digitales, la medida provocó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios consideran que podría ayudar a reforzar la vigilancia y reducir accidentes, otros expresaron preocupación por posibles abusos de autoridad, corrupción o una mayor presencia militar en espacios civiles.
También han surgido cuestionamientos sobre la capacitación especializada de elementos militares en materia de tránsito y seguridad vial. Investigaciones previas y testimonios citados por medios nacionales señalaron que integrantes de la Guardia Nacional reconocían dificultades para aplicar correctamente el reglamento carretero tras sustituir a la Policía Federal de Caminos.
