En medio del debate por el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas, organizaciones civiles y especialistas pidieron al gobierno de México que acepte el acompañamiento internacional para enfrentar la crisis de personas desaparecidas.
De acuerdo con colectivos y expertos, rechazar el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas podría limitar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas, en un contexto que califican como una “crisis estructural marcada por la impunidad”.
El llamado surge luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU planteara llevar la situación de México a la Asamblea General, con el objetivo de movilizar cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo especializado.
Además, organizaciones acusaron que descalificar el informe del organismo internacional puede interpretarse como una forma de evadir responsabilidades frente a la comunidad internacional, por lo que insistieron en la necesidad de colaboración externa.
El contexto es crítico: la ONU ha advertido que en México existen indicios de desapariciones sistemáticas y una crisis que ronda las más de 130 mil personas desaparecidas, lo que ha encendido alertas a nivel global.
Por su parte, el gobierno mexicano ha defendido su postura al señalar que el informe es parcial y que muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado, no a una política de Estado.
