El Gobierno de México rechazó el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que advierte sobre la gravedad de la crisis de personas desaparecidas en el país e incluso plantea llevar el caso ante la Asamblea General.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Estado mexicano calificó el documento como “parcial y sesgado”, al considerar que no refleja la situación actual ni los avances institucionales implementados en los últimos años.
Según la postura oficial, el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y omite información actualizada entregada por México antes de su publicación.
Además, el gobierno subrayó que no existe una política de Estado para cometer desapariciones forzadas, y afirmó que este delito está vinculado principalmente al crimen organizado.
En contraste, el comité de la ONU sostiene que existen indicios de desapariciones que podrían considerarse sistemáticas e incluso con posible participación o tolerancia de autoridades en algunos casos.
El organismo también alertó sobre la magnitud del problema, con más de 130 mil personas desaparecidas en México, lo que lo convierte en una de las crisis más graves a nivel mundial.
Frente a estas críticas, el gobierno mexicano defendió las acciones emprendidas, como la creación de registros nacionales, fiscalías especializadas y mecanismos de búsqueda, además de reiterar su disposición a colaborar con organismos internacionales, aunque rechazando conclusiones que, asegura, no corresponden a la realidad actual del país.
