La crisis de personas desaparecidas en México volvió al centro del debate internacional luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitara llevar el caso ante la Asamblea General, al advertir que existen indicios de un fenómeno generalizado y persistente en el país.
De acuerdo con el registro oficial, México acumula más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas, una cifra que ha crecido de forma sostenida en los últimos años y que refleja una crisis que se arrastra desde 2006.
Tan solo en 2025 se reportaron más de 14 mil desapariciones, el número más alto del que se tiene registro, mientras que en el arranque de 2026 ya se contabilizan más de 4 mil casos, de los cuales cerca del 44% sigue sin ser localizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del organismo internacional y aseguró que sus conclusiones no reflejan la realidad actual del país.
“No tiene nada que ver con la 4T”, declaró, al señalar que el análisis se basa en periodos anteriores y en una muestra limitada de estados.
Además, explicó que el gobierno federal ha iniciado un proceso de revisión del registro, en el que se han identificado distintos tipos de casos, desde personas sin rastro hasta registros con información incompleta o posibles localizaciones administrativas.
Sin embargo, esta depuración ha generado preocupación entre colectivos y especialistas, quienes advierten que podría distorsionar la dimensión real del problema.
“Están desapareciendo a los desaparecidos en los registros”, han señalado familiares, al cuestionar los nuevos criterios utilizados por las autoridades.
El organismo de la ONU, por su parte, sostiene que en México existen fallas estructurales en la búsqueda, investigación e identificación de personas, además de altos niveles de impunidad, lo que podría implicar responsabilidad del Estado, incluso por omisión.
En su diagnóstico, también advierte que muchas de estas desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a su carácter extendido y sistemático.
En paralelo, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han documentado un aumento sostenido del fenómeno. Entre 2015 y 2025, por ejemplo, las desapariciones crecieron más de 200%, mientras que en el caso de menores el incremento ha sido de hasta 272% en los últimos años.
Además, el problema no solo es de cantidad, sino de respuesta institucional. Datos de análisis independientes señalan que solo una mínima parte de los casos cuenta con una investigación efectiva, mientras que miles de registros carecen de información suficiente.
En el terreno, la crisis se refleja en otro dato: en México se han localizado miles de fosas clandestinas y decenas de personas buscadoras han sido asesinadas, lo que evidencia el nivel de riesgo que enfrentan quienes buscan a sus familiares.
“Nosotras hacemos el trabajo que le toca al Estado”, han señalado integrantes de colectivos, que realizan búsquedas con recursos propios ante la falta de resultados oficiales.
Pese a ello, el gobierno federal sostiene que no existe una política sistemática de desapariciones y que la mayoría de los casos está vinculada al crimen organizado, no a acciones directas del Estado.
Mientras tanto, en el país la tendencia continúa. En promedio, decenas de personas desaparecen cada día, y en muchos casos la búsqueda no comienza en una fiscalía, sino en el campo, con familias que recorren terrenos, cerros y fosas clandestinas.
Porque en México, la desaparición no termina en una estadística. Termina, si acaso, cuando alguien encuentra respuestas.
