El Gobierno federal confirmó este sábado que los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua carecían de autorización para participar en operaciones en territorio mexicano, lo que elevó la controversia en torno al operativo realizado tras el hallazgo de uno de los narcolaboratorios más grandes del país.
La información fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad, que precisó que los extranjeros —identificados por medios internacionales como presuntos agentes de la CIA— no contaban con acreditación oficial ni permiso federal para intervenir en acciones de campo dentro de México.
De acuerdo con el reporte oficial, uno de ellos ingresó al país como visitante, mientras que el segundo lo hizo con pasaporte diplomático, pero ninguno tenía autorización expresa para integrarse a operativos locales ni a acciones coordinadas con autoridades estatales.
El caso salió a la luz luego del accidente ocurrido el pasado fin de semana en la sierra de Chihuahua, donde una camioneta cayó a un barranco y explotó cuando regresaba del área donde fue localizado el mega narcolaboratorio en el municipio de Morelos.
En el percance murieron cuatro personas: dos funcionarios mexicanos y dos estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización “no es un tema menor”, al tratarse de un asunto relacionado con seguridad nacional y soberanía.
El caso ha generado una fuerte tensión política, ya que reportes periodísticos, incluidos The Washington Post y Los Angeles Times, sostienen que los agentes habrían participado al menos en labores de inteligencia, rastreo y apoyo con drones en operativos antidrogas realizados en Chihuahua.
Incluso, información retomada por La Jornada señala que la CIA habría intervenido en al menos tres operativos contra el narcotráfico en la entidad durante 2026, lo que está prohibido por la legislación mexicana si no existe aval del Gobierno federal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya se realiza una revisión interna para determinar quién autorizó el acompañamiento, bajo qué condiciones ingresaron al país y si existió responsabilidad de autoridades estatales por omitir la notificación a la Federación.
El caso también abrió cuestionamientos directos al gobierno de Maru Campos, luego de que la propia mandataria sostuviera una reunión con Omar García Harfuch para revisar la actuación de personal estadounidense en Chihuahua.
