El asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no solo conmocionó al país, también abrió un debate nacional sobre el sistema de justicia juvenil.
Tras el caso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que impulsará una reforma al Código Penal Federal para que menores de edad que cometan delitos graves puedan ser juzgados como adultos.
La propuesta surge luego de que se confirmara que el presunto agresor, un estudiante de 15 años, enfrenta actualmente una pena máxima de hasta tres años de internamiento, debido a que la ley mexicana establece un sistema especial para adolescentes.
Ante este escenario, el mandatario consideró necesario replantear el marco legal vigente. Señaló que en casos donde exista “conciencia plena” y extrema violencia, los responsables deberían recibir sanciones proporcionales a la gravedad del delito, incluso si son menores de edad.
La iniciativa contempla enviar una propuesta al Congreso de la Unión, ya que el cambio implicaría modificar leyes federales que regulan el sistema de justicia penal para adolescentes.
Además, el gobernador advirtió que el uso de menores por parte del crimen organizado y la reincidencia en delitos de alto impacto obligan a revisar el modelo actual, que prioriza la reinserción social sobre las penas severas.
El planteamiento ha sido respaldado por familiares de las víctimas, quienes exigen justicia, pero también ha generado debate a nivel nacional sobre los límites entre castigo, derechos humanos y la responsabilidad penal de los adolescentes.
Incluso desde el ámbito federal se ha planteado la posibilidad de discutir cambios en la legislación, lo que podría abrir la puerta a una reforma más amplia del sistema de justicia juvenil en México.
