El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la designación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, en una decisión que marca un giro en la política de seguridad del país sudamericano.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y se sustenta en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, así como presuntos vínculos del grupo con otras organizaciones consideradas terroristas.
Con esta decisión, el CJNG (uno de los cárteles más poderosos de México) será incorporado al registro argentino de entidades vinculadas al terrorismo, lo que permitirá aplicar sanciones económicas y restricciones operativas para limitar su alcance.
Sanciones y alcance de la medida
La inclusión del CJNG en este listado implica acciones concretas por parte del Estado argentino:
- Congelamiento de activos y sanciones financieras
- Restricciones para operar dentro del sistema económico
- Mayor cooperación internacional en materia de seguridad
- Bloqueo del uso del sistema financiero con fines ilícitos
El gobierno aseguró que la medida busca prevenir la expansión de estructuras criminales internacionales y proteger sus instituciones financieras.
En línea con Estados Unidos
La decisión también alinea a Argentina con la política de Estados Unidos, que ya había catalogado al CJNG como organización terrorista durante la administración de Donald Trump.
Este movimiento refuerza la cooperación bilateral en temas de seguridad y combate al narcotráfico, particularmente ante el crecimiento de redes criminales con operaciones globales.
Un cártel con presencia internacional
El CJNG surgió formalmente en 2010 tras separarse del Cártel de Sinaloa y, en poco más de una década, se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del continente, con presencia en decenas de países.
Se le atribuyen actividades como:
- Tráfico internacional de drogas (incluido fentanilo)
- Extorsión
- Ataques contra fuerzas de seguridad
Contexto regional
La decisión ocurre en un momento clave para la región. Mientras algunos países endurecen su postura contra los cárteles, México ha mantenido una postura distinta, al considerar que estas organizaciones tienen fines criminales y no políticos, lo que complica su clasificación como terroristas.
