El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en lo que representa una nueva escalada de la política de línea dura en materia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato.
La medida, confirmada por el Departamento de Estado, entrará en vigor a partir del 21 de enero y afecta exclusivamente a visas de inmigrante, incluidas aquellas vinculadas a empleo y residencia permanente. Las visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios o estudios, quedan fuera de la restricción.
Entre los países incluidos se encuentran Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia, Rusia, Irán y Tailandia, una lista que abarca tanto naciones con relaciones tensas con Washington como aliados tradicionales. La Casa Blanca informó que no existe, por ahora, un calendario definido para levantar la suspensión.
Según autoridades estadounidenses, la decisión responde a una revisión integral de los procedimientos migratorios, con énfasis en la disposición de “carga pública”, utilizada para identificar a solicitantes que, a criterio del gobierno, podrían depender de apoyos sociales. El Departamento de Estado señaló que hará uso de su facultad legal para declarar inelegibles a quienes considere una carga para los recursos públicos del país.
La congelación de visas ocurre en el marco de una ofensiva migratoria más amplia. Desde el regreso de Trump al poder, más de 100 mil visas han sido revocadas, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional reporta más de 605 mil deportaciones y la salida voluntaria de 2.5 millones de personas.
Trump ha reiterado su visión de la inmigración como un asunto de seguridad nacional y cohesión cultural, una postura que ha sido criticada por favorecer ciertos perfiles migratorios y endurecer el trato hacia solicitantes provenientes de África, Medio Oriente y otras regiones.
Aunque la administración sostiene que la suspensión no tiene fines diplomáticos, analistas advierten que la amplitud de los países afectados podría tensar relaciones internacionales y reducir aún más las vías legales para acceder a la residencia permanente en Estados Unidos. A ello se suma el mayor escrutinio de la actividad en redes sociales de los solicitantes, como parte de los nuevos mecanismos de verificación.
