La violencia en la sierra de Sinaloa alcanzó un nuevo punto crítico tras difundirse un video que muestra un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra la conocida “Casa Rosa”, residencia donde vivió María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en La Tuna, municipio de Badiraguato.
En las imágenes, compartidas en redes sociales, se observa cómo un operador sobrevuela la zona y lanza un artefacto explosivo que cae a pocos metros de la entrada principal del inmueble, fácilmente reconocible por su color característico. Aunque se desconoce la fecha exacta del ataque, la grabación coincide con la ubicación de la vivienda, símbolo dentro de la historia del Cártel de Sinaloa.
Versiones difundidas en redes atribuyen el ataque al Cártel de Guasave, liderado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, aliado de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, en su disputa contra Los Chapitos.
La “Casa Rosa” ya había sido escenario de violencia, pues en 2016 fue asaltada por un grupo armado presuntamente bajo órdenes de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, hecho que entonces agravó el conflicto entre los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
Este nuevo episodio ocurre en medio de la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que ha provocado el desplazamiento de cientos de familias en la sierra de Badiraguato.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que se han registrado ataques con drones en comunidades rurales del municipio, lo que generó un “fenómeno repentino de desplazamiento”. Explicó que el gobierno estatal mantiene un registro de las familias que abandonaron sus hogares, tanto en Badiraguato como en Culiacán, donde se han instalado albergues improvisados.
“Ahí ha habido. Y por eso se nos dio un fenómeno repentino de desplazamiento. Lo hemos estado atendiendo en Badiraguato y aquí”, declaró el mandatario, quien aseguró que el operativo de seguridad continúa activo en la zona y que se han decomisado varios drones utilizados en los ataques.
De acuerdo con fuentes estatales, los ataques se han concentrado en poblaciones serranas donde se reportaron daños a viviendas y enfrentamientos armados, provocando que decenas de familias huyeran hacia comunidades cercanas.
Organizaciones civiles han advertido que la cifra de desplazados podría superar las 700 personas, muchas de ellas sin acceso a servicios básicos ni atención médica.
El gobierno de Sinaloa, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y Protección Civil, continúa brindando asistencia a los afectados, mientras las autoridades investigan el uso de drones en la violencia rural que mantiene bajo tensión a la cuna del Cártel de Sinaloa.
