México y Colombia refuerzan colaboración para enfrentar redes criminales tras ataque a la Guardia Nacional

En un giro que revela la creciente complejidad transnacional del crimen organizado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno busca estrechar la cooperación con Colombia para investigar y frenar la participación de ciudadanos colombianos en actividades delictivas en territorio mexicano. El anuncio se da en un contexto tenso, luego de que se revelara la presunta implicación de exmilitares colombianos en un atentado que cobró la vida de ocho elementos de la Guardia Nacional, ocurrido el pasado 28 de mayo en la región limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que existe disposición para trabajar de manera conjunta con el gobierno de Gustavo Petro. “Buscamos una colaboración con el Gobierno de Colombia para poder atender si hay alguna actividad criminal de algún miembro, de algún grupo criminal en Colombia o a su vez algún miembro de grupos criminales de México”, señaló.

Un atentado con ecos internacionales

El ataque, que involucró el uso de una mina terrestre de fabricación artesanal, ha generado gran preocupación por la sofisticación de los métodos empleados y el perfil de los presuntos responsables. Según autoridades mexicanas, 17 personas fueron detenidas por su presunta relación con el atentado, 12 de ellas de nacionalidad colombiana. Aunque aún no se han confirmado oficialmente los vínculos de estas personas con estructuras militares o paramilitares, las declaraciones del presidente Petro han alimentado el debate.

“El Ejército mexicano fue y capturó a los posibles autores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay algunos activos. La noticia la tiene la prensa, pero no la han publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia”, denunció el mandatario colombiano.

Aunque Sheinbaum evitó confirmar la nacionalidad o formación militar de los detenidos, reconoció que el tema está siendo atendido a través de canales diplomáticos y reuniones bilaterales de alto nivel. “Hay coordinación y se está fortaleciendo la información, la capacidad de colaboración conjunta cada uno en nuestro territorio”, indicó, aunque sugirió que será el titular de Seguridad quien ofrecerá detalles más precisos.

El contexto: Michoacán, Jalisco y la guerra fragmentada

El ataque se enmarca en una guerra territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el autodenominado Cártel de Los Reyes, con fuerte presencia en la zona de conflicto. Esta disputa no sólo ha desatado una espiral de violencia en el occidente del país, sino que ha motivado el uso de tácticas cada vez más extremas por parte de los grupos criminales, incluyendo artefactos explosivos, drones y emboscadas militares, como se ha reportado en otras regiones del estado.

Lo que preocupa a las autoridades mexicanas y colombianas por igual es el posible reclutamiento de exmilitares extranjeros como sicarios o especialistas en operaciones de guerra, lo que elevaría el nivel de amenaza y sofisticación de los cárteles mexicanos. En Colombia, esta situación ha encendido alarmas internas, donde existen antecedentes de excombatientes vinculados al narcotráfico y contratados como mercenarios en conflictos internacionales, como ocurrió en Haití en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Seguridad hemisférica: un reto compartido

El caso abre una ventana sobre la dimensión transnacional del crimen organizado, que opera más allá de fronteras políticas y que recurre a redes de trata, lavado de dinero, tráfico de armas y contratación de personal con entrenamiento militar. También pone a prueba la política exterior de seguridad de la nueva administración mexicana, encabezada por Sheinbaum, que ha prometido mantener un enfoque soberano y con respeto a los derechos humanos, pero que enfrentará desafíos crecientes en su frontera sur y en sus alianzas hemisféricas.

En este contexto, la colaboración con Colombia podría convertirse en un modelo de cooperación regional, pero también en un campo de tensión si las investigaciones escalan o revelan complicidades institucionales en alguno de los países.

Por ahora, la presidencia mexicana ha optado por la cautela, manteniendo abierta la vía del diálogo diplomático mientras avanza en el esclarecimiento de los hechos. En los próximos días se espera que el secretario de Seguridad federal amplíe la información sobre la identidad y nacionalidad de los detenidos, así como sobre la red que los contrató.

Mientras tanto, el caso deja al descubierto una realidad incómoda: los grupos criminales en México ya no sólo reclutan a jóvenes mexicanos empobrecidos, sino que parecen contar con recursos para importar violencia especializada desde el extranjero, un síntoma del poder económico y operativo que han acumulado en los últimos años.

Con este escenario, la cooperación internacional en materia de seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de un país que, con Sheinbaum al frente, inicia una nueva etapa de su política interior y exterior.