Ley de Ciberseguridad en Puebla genera polémica por posibles riesgos a la libertad de expresión
La reciente entrada en vigor de la Ley de Ciberseguridad del estado de Puebla ha desatado una intensa polémica, particularmente por la inclusión del delito de ciberasedio, cuya redacción ambigua ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas que advierten sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión.
¿Qué establece la ley?
Publicada ya en el Periódico Oficial del Estado, la ley define el ciberasedio como el uso insistente de medios digitales para insultar o agredir verbalmente a una persona, afectando su integridad física o emocional. Las penas previstas oscilan entre once meses y tres años de prisión, además de multas económicas. La sanción puede ser más severa si la víctima es una persona menor de edad.
El paquete legislativo también contempla figuras penales como el grooming, el espionaje digital y la usurpación de identidad, pero es el artículo relativo al ciberasedio el que ha provocado mayor controversia por el alto margen de interpretación que permite y el riesgo de que sea utilizado para criminalizar la crítica, la sátira o el disenso político en redes sociales y plataformas digitales.
Alertas desde la sociedad civil
Diversas voces especializadas han señalado los riesgos de esta legislación. La organización internacional ARTICLE 19, defensora de la libertad de expresión, calificó el tipo penal como ambiguo y peligroso, al advertir que su redacción es tan amplia que podría facilitar un uso arbitrario del aparato penal para reprimir expresiones incómodas, sobre todo cuando están dirigidas a figuras de poder.
“Las reformas representan un riesgo para la libertad de expresión. No queda claro qué se considera ‘insulto’ o ‘agravio reiterado’, lo que abre la puerta a una interpretación subjetiva por parte de autoridades o incluso de particulares con influencias”, subrayó la organización.
En la misma línea, Amnistía Internacional hizo un llamado al Congreso poblano a abrir un proceso de diálogo público, con participación de especialistas, periodistas y organizaciones civiles, y advirtió que la ciberseguridad no debe convertirse en un pretexto para restringir derechos fundamentales. “Lejos de proteger a las personas, estas reformas las ponen en riesgo”, sentenció.
Respuesta institucional: ¿una corrección a tiempo?
Frente a la creciente presión social, el gobernador Alejandro Armenta solicitó al Congreso local revisar el contenido de la ley y convocar foros públicos para discutir posibles modificaciones. A través de un mensaje difundido en medios oficiales, Armenta aseguró que su intención es lograr “el mayor consenso posible” para garantizar derechos sin recurrir a mecanismos de censura.
No obstante, la convocatoria a foros fue vista por muchas personas como una reacción tardía, pues la ley ya fue aprobada y publicada sin procesos amplios de consulta. En redes sociales, ciudadanos y especialistas criticaron que se pretenda abrir el debate después de consumado el acto legislativo.
Pronunciamiento desde la presidencia
En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su postura. Durante su conferencia matutina, reiteró que su gobierno está en contra de cualquier forma de censura en medios digitales. “Respaldamos la libertad de expresión y celebramos que se abra el diálogo en Puebla. Lo que no puede pasar es que se limite el derecho a opinar o criticar”, afirmó.
Un debate abierto sobre los límites de la expresión digital
La discusión sobre los alcances de esta legislación plantea un dilema crucial: ¿cómo garantizar la protección de las personas frente a la violencia digital sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la crítica política o la denuncia social?
Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad civil, comunidades digitales y defensores de derechos humanos permanecen vigilantes ante la posibilidad de que la ley sea modificada, derogada o incluso empleada sin cambios, con consecuencias preocupantes para el ejercicio democrático en el espacio digital.
La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿se puede legislar contra el acoso en línea sin que ello derive en una mordaza? La respuesta aún está en disputa.
