La Guardia Nacional, el INM y el precio político de contener la migración para Estados Unidos

México se ha transformado en un epicentro clave para la política migratoria de Estados Unidos, asumiendo un rol de contención que antes era impensable. La colaboración entre la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) ha convertido al país en la antesala de las redadas de ICE en territorio estadounidense, con un alto precio político y humano. Esta estrategia, impulsada por Washington, relega los derechos humanos de las personas migrantes a un segundo plano, evidenciando una política hemisférica de disuasión cada vez más arraigada.

Militarización de la frontera: Un acuerdo tácito con Washington

El punto de inflexión llegó en junio de 2019, cuando el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a México con aranceles económicos si no frenaba el flujo migratorio hacia su frontera sur. La respuesta del gobierno mexicano, encabezado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador, fue inmediata y drástica: desplegar más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional tanto en la frontera sur como en la norte. Aunque la estrategia operativa quedó oficialmente a cargo del INM, el respaldo militar se hizo evidente, marcando un giro sin precedentes en la política migratoria mexicana.

Lo que inició como una medida de emergencia ante la presión de Washington se consolidó rápidamente como una política de Estado. A pesar del cambio de administración en México, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, y la continuidad de Joe Biden en Estados Unidos, el enfoque no ha variado. México, en la práctica, opera como un “muro extendido”, con la Guardia Nacional actuando activamente en rutas migratorias, instalando retenes, patrullando las estaciones del INM y puntos carreteros clave, ejerciendo funciones que no le corresponden.

La eficacia de esta colaboración, medida en cifras, es innegable: más de 780 mil personas migrantes fueron detenidas por autoridades mexicanas en 2023, una cifra récord que supera con creces años anteriores. Sin embargo, esta “eficacia numérica” ha sido objeto de severas críticas por parte de organismos nacionales e internacionales. Las denuncias se acumulan, señalando detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas en tránsito.

Tensión diplomática bajo control… por ahora

Mientras México cumple su papel de freno migratorio, Estados Unidos mantiene un perfil bajo en sus críticas sobre el respeto a los derechos humanos en el país. La relación bilateral aparenta una estabilidad, pero bajo esa superficie subyacen tensiones latentes y una dinámica de subordinación.

El nuevo gobierno mexicano, al heredar esta política migratoria, se enfrenta al desafío de conciliar la retórica de soberanía nacional con una realidad de cumplimiento de las demandas de Washington. México ha asumido el costo político, logístico y moral de detener a miles de migrantes que, en su mayoría, ni siquiera tienen como destino final el territorio mexicano, sino Estados Unidos.

Esta dinámica quedó nuevamente en evidencia tras las recientes redadas masivas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Los Ángeles, donde decenas de personas fueron detenidas en operativos relámpago. La respuesta oficial del gobierno mexicano fue notablemente tibia: un comunicado del consulado y algunas expresiones de “preocupación”, sin consecuencias diplomáticas reales. Ni una nota de protesta formal, ni una presión contundente.

Fuentes internas del Servicio Exterior Mexicano reconocen en privado la limitación del margen de maniobra. “No podemos reclamar con fuerza si nosotros estamos haciendo lo mismo en Chiapas”, comentó un exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta afirmación pone de manifiesto la complejidad y el doble rasero de la situación, ya que la colaboración con ICE incluye, de hecho, el intercambio de inteligencia y la coordinación de vuelos de repatriación.

La Guardia Nacional en tareas que no le corresponden

La participación activa de la Guardia Nacional en tareas migratorias representa una clara violación al espíritu del marco legal que la creó. Su función principal debía limitarse a la seguridad pública, sin embargo, su despliegue como una especie de “policía migratoria” no ha sido impugnado judicialmente de manera contundente, dejando un vacío legal que beneficia la continuidad de esta política.

En operativos conjuntos con el INM, elementos de la GN han sido documentados deteniendo autobuses, inspeccionando documentos y persiguiendo a personas en zonas rurales, a menudo sin órdenes judiciales ni el debido respeto al proceso legal. Diversos informes de organismos como la CNDH, el Centro ProDH y Amnistía Internacional han documentado patrones alarmantes de violencia, extorsión y detenciones sin fundamento legal, desmintiendo la narrativa oficial.

A pesar de estas contundentes denuncias, el gobierno federal ha defendido la colaboración como un “mecanismo de protección”, argumentando que la presencia de la GN disuade a las redes de trata y protege a las personas migrantes de los grupos del crimen organizado. No obstante, los testimonios directos de quienes han vivido esta realidad dibujan un panorama muy diferente: miedo, acoso y deportaciones exprés que desdibujan cualquier pretensión de protección.

Una política de disuasión compartida

Lo que realmente une a México y Estados Unidos en esta nueva fase de la política migratoria no es la compasión ni la cooperación humanitaria, sino una estrategia de disuasión implacable: hacer el camino migratorio tan difícil, peligroso e incierto que las personas desistan de intentar cruzar las fronteras.

En Estados Unidos, esta estrategia se traduce en las mencionadas redadas de ICE, la separación familiar, la proliferación de centros de detención privatizados y la constante amenaza de deportación que pesa sobre millones de personas. En México, se manifiesta en detenciones masivas, el confinamiento en estaciones migratorias con condiciones que a menudo son inhumanas, y deportaciones sin previo aviso, incluso afectando a personas que han solicitado asilo y buscan protección.

Este esquema de colaboración ha sido ampliamente criticado por la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y múltiples organismos civiles. Sin embargo, el apoyo presupuestal y diplomático que Estados Unidos ofrece a México para la contención migratoria —incluyendo capacitación, recursos y equipo— funciona como un blindaje estratégico frente a estas críticas, permitiendo que la política se mantenga sin grandes cambios.

¿A qué costo?

La alianza entre la Guardia Nacional y el INM ha transformado radicalmente el rostro de la migración en México. Los flujos humanos que buscan una mejor vida han sido reducidos a “objetivos” que deben ser detenidos, vigilados y expulsados. En este proceso, el país ha cedido no solo soberanía moral, sino también una valiosa capacidad de negociación en el escenario internacional.

Las recientes redadas de ICE en Estados Unidos son un reflejo del fracaso compartido de una política que prioriza la represión y la contención sobre la integración, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones estructurales. México, al desplegar fuerzas militares donde deberían actuar trabajadores sociales y personal humanitario, ha contribuido a reforzar una frontera que, aunque invisible en su geografía, es cada vez más peligrosa y restrictiva para miles de personas.

Mientras los gobiernos de ambos países celebran las cifras de detención como un éxito, miles de personas migrantes siguen atrapadas en un limbo legal y humanitario, expuestas al abuso, sin acceso a asilo y sin un camino claro. Esta estrategia, aunque pueda satisfacer momentáneamente las demandas de Washington, está dejando cicatrices profundas y duraderas en la región, cuestionando el verdadero compromiso con la dignidad humana.