La FGR busca revertir la decisión que impidió el proceso penal contra exfuncionaria implicada en la adquisición del sistema de espionaje; también indagará a la jueza que negó la vinculación
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que interpuso un recurso de apelación contra la resolución de una jueza federal que negó la vinculación a proceso de Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta participación en la compra irregular del software de espionaje Pegasus en 2014.
Además, la Fiscalía informó que ha abierto una carpeta de investigación contra la jueza de control Alejandra Domínguez Santos por posibles delitos en contra de la administración de justicia, al considerar que incurrió en un “retraso ilegal” de más de dos años para conceder la audiencia correspondiente y, finalmente, dictar la no vinculación a proceso de la exfuncionaria.
¿Qué se acusa?
Según el comunicado oficial de la FGR, a Judith Aracely Gómez se le imputan diversos delitos graves relacionados con la adquisición del sistema Pegasus, que fue utilizado para intervenir comunicaciones privadas sin sustento legal. La compra, realizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, implicó el pago de más de 460 millones de pesos, sin que existiera justificación de urgencia, confidencialidad o riesgo, como lo exige la normatividad.
Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran:
- Uso indebido de atribuciones y facultades, por omitir la supervisión de contratos.
- Peculado, al permitir el desvío de recursos públicos.
- Fraude equiparado, por afectar de manera grave el patrimonio institucional en favor de una empresa privada.
- Asociación delictuosa, al haber actuado en conjunto con otros funcionarios.
La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de la exfuncionaria, y calificó como injustificada la decisión de la jueza de control, quien resolvió no vincularla a proceso a pesar de los elementos presentados.
Investigación contra la jueza
El caso dio un giro aún más polémico cuando la FGR anunció que investigará a la jueza Alejandra Domínguez Santos, quien dictó la resolución. La dependencia considera que su actuación podría constituir delitos en contra de la administración de justicia, aunque no detalló por ahora los cargos específicos.
Este movimiento ha generado inquietud en sectores judiciales y de derechos humanos, al tratarse de una acción poco frecuente: la apertura de una investigación penal contra una jueza por el contenido de una resolución.
Contexto: el caso Pegasus en México
La controversia sobre el sistema Pegasus estalló en julio de 2021, cuando una investigación periodística internacional reveló que gobiernos de distintos países utilizaron este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para espiar a periodistas, activistas y opositores.
México fue el país con más casos identificados: alrededor de 15 mil números telefónicos fueron intervenidos, muchos de ellos pertenecientes a defensores de derechos humanos, reporteros, integrantes del movimiento por Ayotzinapa y hasta al entonces líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República.
La compra de este software, realizada por diversas instituciones durante el sexenio anterior, se convirtió en uno de los mayores escándalos de vigilancia ilegal en América Latina. Desde entonces, organizaciones civiles han exigido que se castigue a los responsables políticos y administrativos.
Un caso clave para el futuro de la justicia
El nuevo giro del caso Pegasus, con la intervención directa de la Fiscalía para revertir una decisión judicial y perseguir penalmente a una jueza, reaviva el debate sobre el equilibrio entre poderes, la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la impunidad en los crímenes de Estado.
A la espera de lo que resuelva un tribunal de apelación, la polémica sobre el espionaje ilegal en México y sus consecuencias políticas y judiciales está lejos de concluir.
