Cada 10 de junio se conmemora la matanza del Jueves de Corpus o ‘El Halconazo’, un hecho de represión policial y militar contra estudiantes que se vivió en México.
A 54 años del Halconazo, el gobierno federal asegura que el caso sigue abierto y en seguimiento
Cada 10 de junio, la historia mexicana se tiñe de memoria, rabia y dolor. Es el día en que se conmemora una de las páginas más oscuras de la represión en México: la matanza del Jueves de Corpus, también conocida como El Halconazo. Un hecho que dejó una herida abierta en el movimiento estudiantil, en la democracia mexicana y en la conciencia colectiva de un país que, a medio siglo de distancia, sigue lidiando con las consecuencias de su pasado autoritario.
¿Qué fue la matanza del Jueves de Corpus?
El 10 de junio de 1971, en pleno auge del llamado “desarrollo estabilizador” y bajo la promesa de una “apertura democrática” encabezada por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, estudiantes universitarios —en su mayoría de la UNAM y del IPN— salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse en solidaridad con la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que había estallado en defensa de la autonomía universitaria y contra la intromisión del gobierno estatal.
La marcha, pacífica y cargada de consignas por la libertad, la justicia y la democracia, partió del Casco de Santo Tomás rumbo al Zócalo capitalino. Las pancartas eran claras: “Libertad a los presos políticos”, “Educación popular”, “Democracia sindical, democracia en la UNAM”, “Repudio a la antidemocracia”. Pero a la altura de la estación Normal del Metro, la esperanza fue silenciada a balazos.
Un grupo de choque, paramilitar, entrenado, armado y financiado por el Estado, conocido como “los halcones”, irrumpió con brutalidad. Usaron armas de alto calibre —pistolas .45 y carabinas M2— y atacaron sin distinción. Decenas de jóvenes fueron asesinados, muchos más heridos, otros tantos detenidos y desaparecidos. Policías y granaderos presenciaron la masacre sin intervenir. El Estado, que debía proteger la vida, eligió eliminar la disidencia.
¿Quiénes eran “los halcones”?
El Halconazo debe su nombre a estos grupos paramilitares de infiltración y represión, conocidos como “halcones”. Su existencia no era un secreto en los círculos de inteligencia: eran jóvenes reclutados de zonas marginadas del entonces Distrito Federal, muchos de ellos con formación castrense. Fueron adiestrados por militares mexicanos y, según diversas investigaciones, también por personal estadounidense, en el marco de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que consideraba a los movimientos sociales como amenazas internas.
Los halcones eran un instrumento del Estado para desarticular protestas, intimidar líderes sociales y sofocar la organización política crítica. Su participación en el 10 de junio de 1971 fue solo la más visible y sangrienta, pero no fue un hecho aislado: formaban parte de una política de Estado enmarcada en la llamada “Guerra Sucia”, donde la represión, la desaparición forzada y la tortura eran prácticas sistemáticas contra quienes se atrevían a imaginar otro país.
El saldo: impunidad y memoria
Aunque no existe una cifra oficial, se estima que al menos 120 estudiantes fueron asesinados durante el Halconazo. Las imágenes del ataque —incluyendo tomas televisivas y fotográficas— conmocionaron al país. La reacción del gobierno, sin embargo, fue de contención discursiva y simulación: Echeverría se deslindó del operativo, como si el uso de un grupo armado con recursos estatales pudiera ocurrir sin conocimiento del Ejecutivo. La responsabilidad fue trasladada a mandos intermedios, pero nadie fue juzgado ni condenado.
En el año 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 26/2001, donde señaló graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de reunión. Esta recomendación exigía una investigación a fondo y propició la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
Sin embargo, tras cuatro años de trabajo, la fiscalía no logró avanzar sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos ni en la sanción a los responsables. La impunidad estructural —el otro nombre de la violencia institucional en México— volvió a imponerse.
Años después, se estableció una oficina especial dentro de la CNDH para investigar los crímenes de la represión política del Estado. Se emitieron nuevas recomendaciones generales a las autoridades de los tres niveles de gobierno, instándolas a garantizar los derechos a la protesta social, la democracia participativa y la memoria. Pero más allá de los informes, los nombres de las víctimas siguen ausentes de la justicia y la historia oficial.
¿Por qué sigue siendo importante recordar el Halconazo?
El 10 de junio no es solo un día de duelo. Es también una fecha de lucha por la verdad y la memoria. Recordar el Halconazo es un acto político y ético. Es enfrentar el legado autoritario que aún persiste en muchas prácticas institucionales. Es nombrar a quienes fueron silenciados. Es evitar que las nuevas generaciones crezcan en la amnesia o la indiferencia.
En tiempos en los que la protesta social vuelve a ser criminalizada, en los que la vigilancia, la militarización y la represión se normalizan como herramientas del poder, el Halconazo no es historia antigua, es advertencia presente.
Recordar el Jueves de Corpus es defender la democracia desde su base: el derecho a disentir, a movilizarse, a imaginar un país más justo. Y eso, en México, sigue siendo una deuda pendiente.
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A 54 años del Halconazo, el gobierno federal asegura que el caso sigue abierto y en seguimiento
En el marco del 54 aniversario de la matanza del Jueves de Corpus, conocida como El Halconazo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “el 10 de junio no se olvida” y recordó que aquel operativo fue una acción del Estado, ejecutada por un grupo paramilitar llamado los Halcones, quienes atacaron violentamente a estudiantes en la Ciudad de México en 1971. Sheinbaum aseguró que el expediente sigue abierto y bajo revisión.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se continúa trabajando con sobrevivientes, víctimas y familiares de la masacre, como parte de un programa de atención integral que busca garantizar que no haya impunidad ni se dé “carpetazo” al caso. Indicó que las investigaciones permanecen en curso bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Se mantiene el trabajo con un grupo de activistas serios, con experiencia y trayectoria, que también están articulados con otros colectivos vinculados a la defensa de los derechos humanos, la memoria y la denuncia de desapariciones forzadas. El acompañamiento a sobrevivientes es continuo, con un compromiso firme por la verdad y la justicia”, declaró Rodríguez.
Sobre la situación de presos políticos
En relación con la situación de presos políticos y personas privadas de la libertad sin juicio justo, la secretaria informó que continúan las mesas de trabajo sobre amnistía y preliberación. Afirmó que se han intensificado los esfuerzos, con la participación de la Secretaría de Seguridad, la FGR y jueces comprometidos con los derechos humanos.
“El trabajo sigue y se ha fortalecido. Estamos impulsando la liberación de personas inocentes, así como de aquellas que han permanecido en prisión por falta de defensa legal, asesoría jurídica o por causas estructurales de desigualdad. En muchos casos, hay que decirlo, la justicia penal ha criminalizado a personas en situación de pobreza”, enfatizó.
Rodríguez adelantó que, si la presidenta lo instruye, podría presentarse un informe sobre los avances en estos casos, y confirmó que existe una comisión de trabajo robusta que da seguimiento a múltiples expedientes denunciados por organizaciones civiles.
