Los ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente se han intensificado
Aguascalientes: señales de alerta en un estado que se creía seguro
Mientras los megaproyectos de infraestructura y extracción de recursos avanzan en México, lo hacen también las agresiones contra quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Según el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), lejos de disminuir, los ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente se han intensificado, en muchos casos con la participación directa o indirecta del crimen organizado, autoridades locales y empresas privadas.
De acuerdo con un reportaje de Insight Crime, en el que se entrevista a Felipe Romero e Itzel Arteaga, autores del informe 2024 sobre agresiones a defensores ambientales, el panorama en el país es alarmante: comunidades enteras son desplazadas, líderes sociales son criminalizados o asesinados, y el Estado permanece ausente —cuando no cómplice— en los territorios más disputados.
Crimen organizado, megaproyectos y silencio estatal
Aunque en 2024 se registraron menos agresiones que en años anteriores, aumentaron los homicidios de personas defensoras. Para el CEMDA, esto revela una sofisticación y una mayor letalidad en las formas de violencia. A lo largo de los últimos años se han documentado más de 100 agresiones anuales, pero los investigadores advierten que muchas más quedan fuera del radar por miedo de las víctimas a denunciar.
Los estados de Michoacán, Chihuahua, Sonora, Chiapas y las Baja California aparecen como focos rojos. En estas regiones, el crimen organizado no solo se dedica a economías ilegales como la tala o la minería clandestina, sino que actúa como poder territorial de facto. En la Sierra Tarahumara, por ejemplo, comunidades indígenas han sido desplazadas por completo: ya no hay médicos, maestros ni abogados; solo miedo y vacío estatal.
La complicidad entre el crimen y los megaproyectos es un eje clave del conflicto. “Hay muchos megaproyectos en México y los actores involucrados suelen ser el Estado, las empresas privadas y el crimen organizado”, afirma Itzel Arteaga. Las principales víctimas son las comunidades indígenas, guardianas ancestrales del territorio, que enfrentan las consecuencias por oponerse a intereses extractivos y económicos.
Aguascalientes: señales de alerta en un estado que se creía seguro
Aunque Aguascalientes no aparece todavía entre los focos rojos más visibles, el informe del CEMDA advierte sobre la creciente presión contra comunidades y activistas que se oponen a proyectos de urbanización, minería y privatización del agua. Si bien la violencia letal aún no ha alcanzado los niveles registrados en otras regiones, los defensores ambientales en el estado enfrentan hostigamiento judicial, amenazas anónimas, campañas de desprestigio en redes sociales y vigilancia por parte de actores ligados a intereses inmobiliarios y empresariales.
En los últimos años, organizaciones locales han denunciado el avance de proyectos que comprometen áreas naturales protegidas, como la Sierra Fría, así como la falta de transparencia en concesiones de uso de agua para industrias y desarrollos urbanos. Defensoras y defensores del territorio en Aguascalientes —muchos de ellos integrantes de colectivos vecinales y agrupaciones juveniles— han reportado presiones crecientes para desistir de su activismo.
Nos preocupa que Aguascalientes esté replicando patrones que ya hemos visto en otros estados: primero se minimizan las denuncias, luego se criminaliza la protesta, y finalmente se toleran agresiones más graves, advierte Felipe Romero. La aparente tranquilidad institucional puede ocultar formas más sutiles, pero igual de efectivas, de represión.
Criminalización y colusión institucional
Uno de los aspectos más graves documentados en el informe es la criminalización de personas defensoras mediante acusaciones falsas, campañas de desprestigio y uso abusivo de las instituciones judiciales. El Estado no solo falla en proteger a quienes defienden el ambiente, sino que a menudo se convierte en agresor activo.
Un ejemplo paradigmático es el caso del abogado ambientalista en Quintana Roo que, tras interponer una acción legal contra un proyecto inmobiliario sin permisos de impacto ambiental, fue objeto de allanamientos, congelamiento de cuentas y procesos judiciales por delitos fabricados. “Se desató toda la fuerza del Estado sobre él”, relata Felipe Romero.
Más estremecedor aún es el asesinato de Higinio Cruz en Guadalajara. Defensor contra la deforestación y los proyectos mineros, fue citado por autoridades municipales, presuntamente entregado al crimen organizado desde el propio ayuntamiento, y posteriormente hallado sin vida. El caso, aunque extremo, ilustra un patrón recurrente: el entrelazamiento entre autoridades y grupos criminales para silenciar voces incómodas.
Un Estado ausente frente a una crisis estructural
A más de una década de que el CEMDA comenzara a documentar estas agresiones, los avances institucionales son limitados. Aunque el Acuerdo de Escazú —tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales— representa una oportunidad legal para exigir protección efectiva, su implementación en México ha sido parcial y carente de voluntad política sostenida.
“La respuesta estatal depende en gran medida de quiénes ocupan los cargos públicos. Ha habido momentos de estigmatización abierta hacia personas defensoras”, subraya Arteaga, lo que dificulta la colaboración entre instituciones y sociedad civil.
Defender la vida, en riesgo constante
La violencia contra personas defensoras del medio ambiente en México no puede entenderse solo como una serie de hechos aislados. Es parte de un sistema de despojo estructural que involucra intereses económicos, omisión institucional y una creciente presencia de actores criminales con control territorial.
En este contexto, defender el medio ambiente es también defender la vida, los derechos colectivos y la dignidad. Y en muchas regiones del país, hacerlo implica jugarse todo. “Donde el Estado no existe —dice Romero—, las comunidades han tenido que organizarse incluso con policías comunitarias o autodefensas. Porque no hay de otra”.
